El Gobierno de Cantabria reconoce que la situación relacionada con las viviendas de uso turístico está alcanzando proporciones preocupantes, y considera que en este punto solo una intervención integral y coordinada puede abordar eficazmente el problema, y no quedarse en medidas superficiales. Así lo expresó el concejal de Izquierda Unida-Podemos en Santander, Keruin Martínez, luego de la reunión entre los distintos ayuntamientos de Cantabria y la consejera de Turismo para abordar esta problemática.
Martínez ha instado a que se otorguen facultades a los ayuntamientos para limitar el número máximo de viviendas turísticas por municipio, una regulación que, según señala, el gobierno del Partido Popular en Andalucía ya ha anunciado, por lo que no debería resultar una medida sorprendente para otros lugares.
El concejal enfatizó la necesidad de avanzar en medidas de control y detección de estas propiedades, reconociendo que la situación se ha salido de control en años anteriores debido a un crecimiento descontrolado e irregular. Si bien valoró positivamente el enfoque de la consejera de turismo en la búsqueda de un equilibrio de intereses, expresó su preocupación sobre la posible actitud del gobierno de Santander, que, según Martínez, podría diferir mucho dada la postura tibia de la alcaldesa ante el tema.
Martínez subrayó que la alcaldesa de Santander parece estar centrada únicamente en los intereses del sector turístico y se niega a reconocer que los principales perjudicados son los trabajadores y residentes que buscan acceso a una vivienda asequible y no lo encuentran. Aunque mencionó que incluso el propio Partido Popular en Asturias ha reconocido la importancia de considerar ambas cuestiones.
El edil recordó que la planificación urbanística corresponde al Ayuntamiento y que a través de ella se puede determinar si el interés municipal es promover una ciudad habitable para los residentes o simplemente un lugar de paso para la población temporal de verano.
Además, Martínez instó al gobierno autonómico a avanzar en la aprobación de una Ley de Vivienda para Cantabria, que incluya herramientas de la legislación nacional, especialmente en las zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT), con el fin de evitar la especulación inmobiliaria y garantizar que los bloques de viviendas no sean adquiridos por grandes propietarios para uso turístico, lo que podría desplazar a los residentes locales de sus barrios.
