El concejal de Izquierda Unida-Podemos y coordinador de la Asamblea de Santander de Izquierda Unida (IU), Keruin Martínez, ha adelantado que pedirá que el nuevo Plan de Vivienda, que el Partido Popular se ha comprometido a presentar en los próximos dos meses, incluya un Protocolo Antidesahucios, tal y como recoge la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda.
“Es una medida que hemos incluido en nuestras alegaciones dentro de la Sociedad de Vivienda y Suelo y que, si no se incluye, llevaremos de nuevo al pleno, porque se trata de una gran necesidad de actuación y coordinación para atender a los afectados por esta situación”, ha explicado el edil.
Martínez se ha reunido con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), acompañado por la responsable de vivienda del partido y también representante de la coalición en la Sociedad Vivienda y Suelo, Ainara Bezanilla, para recoger sus propuestas e informarles del trabajo realizado en el área de la vivienda en los primeros seis meses de legislatura.
“Hemos compartido nuestra preocupación por el alarmantemente alto número de desahucios, que es una realidad social que ha dejado de ser mediática frente alsobredimensionado tema de la ocupación”, ha explicado Martínez.
Por ello, su prioridad es extender este protocolo de actuación para estas situaciones, “especialmente cuando, en la mayoría de los casos de lanzamientos, la otra parte es una entidad financiera, a veces fondos buitres, que especulan con un bien de primera necesidad ligado a un derecho fundamental”.
Otra de las propuestas reclamadas por la PAH y que los representantes de la formación se han comprometido a trasladar a sus compañeros en el Congreso de los Diputados es que el escudo social se extienda más allá de fin de año. “Ellos apuntan, y coincidimos, en que algunas de las medidas vinculadas al escudo deberían ser permanentes e integrarse en el conjunto de políticas públicas destinadas a hacer frente a la situación de muchas familias, que, actualmente, es dramática o difícil, y que, en muchos casos, las necesitan para mantenerse a flote”, ha explicado.
Asimismo, ambas partes han valorado de manera muy positiva el compromiso obtenido por el grupo con el equipo de Gobierno para presentar el Plan de Vivienda en el plazo de dos meses, así como el cambio en el objeto social de la Sociedad Vivienda y Suelo, que se acordó en el pasado pleno.
“El hecho de que la SVS pueda gestionar pisos propios en alquiler asequible supone un cambio enorme”, ha explicado Ainara Bezanilla, representante en la empresa pública, que ha matizado que, “de facto”, supone “crear un germen para un verdadero parque público de vivienda”, y que “no todas las que se construyan en la ciudad desde la empresa pública se destinarán a venta o alquiler con opción a compra”.
