La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dictado un auto en el que acuerda poner en marcha la ejecución alternativa planteada por todas las partes implicadas en el procedimiento relativo al edificio Tenis de Laredo, una causa que se remonta a la primera sentencia de derribo dictada en 1990.
En una resolución hecha pública este miércoles, el tribunal recoge el consenso alcanzado entre las partes y valora positivamente el esfuerzo conjunto realizado “para poder avanzar y dar por concluida esta ejecución de derribo”. Según el TSJC, el plan permitirá cerrar definitivamente el largo litigio en un plazo aproximado de dieciocho meses.
De acuerdo con el contenido del auto, la ejecución consistirá en la adquisición por parte de la comunidad de propietarios de una finca destinada a aumentar la superficie del solar actual y a posibilitar un uso más equilibrado del espacio. Además, el proyecto prevé la demolición parcial de los áticos que superan la altura máxima permitida.
El Ayuntamiento de Laredo, entidad condenada en el procedimiento, asumirá la totalidad de los gastos derivados del proceso. El tribunal fija un límite económico de 4,5 millones de euros para la ejecución material de las actuaciones. Asimismo, los propietarios del edificio serán compensados con una indemnización conjunta de 650.000 euros en concepto de pérdida de superficie útil y de los perjuicios morales ocasionados durante las décadas de litigio.
La Sala ha destacado la voluntad de entendimiento mostrada tanto por el consistorio como por la comunidad afectada, subrayando “la actitud de colaboración” del Ayuntamiento y el respaldo del ejecutante, “sin cuyo apoyo no hubiera sido posible alcanzar un acuerdo”. Los magistrados recuerdan también que en otros procesos de demolición se han tramitado fórmulas de mediación similares “con resultados siempre satisfactorios”.
Fases de la ejecución
El auto del TSJC detalla los pasos que deberán seguirse para ejecutar esta solución alternativa. En primer lugar, la comunidad de propietarios dispondrá de un plazo de cuatro meses para adquirir la nueva parcela que amplíe la superficie de la finca actual y permita cumplir con las exigencias urbanísticas.
Esa compra será financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Laredo, que deberá consignar la cantidad correspondiente durante el proceso de adquisición y efectuar el pago antes de la escritura pública de compraventa.
El segundo paso será la redacción de un nuevo proyecto técnico destinado a ajustar la edificación a los parámetros urbanísticos establecidos. Este documento deberá reducir la ocupación a un 35% de la superficie original del inmueble, más un 20% adicional de la finca adquirida, e incluir la eliminación de los espacios bajo cubierta que superen el límite de gálibo de 45 grados medido desde los nueve metros de altura de la fachada original. El consistorio también asumirá el coste de la elaboración del proyecto, que deberá estar finalizado en un plazo máximo de dos meses desde la adquisición de la parcela.
A continuación, la empresa pública Tragsa será la encargada de ejecutar las obras, para lo cual se concede un plazo de ocho meses una vez que la Sala apruebe el proyecto definitivo. Los pagos se realizarán mensualmente conforme a la certificación de los trabajos ejecutados.
Indemnizaciones y cesión de la finca
En lo relativo a los expedientes de responsabilidad patrimonial, el tribunal establece que las indemnizaciones a los afectados se resolverán por mutuo acuerdo y se abonarán una vez finalicen las obras. Tras percibir estas compensaciones, los propietarios cederán al Ayuntamiento la finca adquirida.
El auto también obliga al consistorio a llevar a cabo una modificación puntual del planeamiento urbano que permita consolidar jurídicamente el edificio en su configuración definitiva y garantizar su legalidad una vez concluida la ejecución. Si se produjera una demora injustificada en la tramitación de esa modificación, la comunidad de propietarios deberá abrir el espacio de la finca a la ciudadanía “como si se tratara de un espacio libre público”, según precisa el TSJC.
Con esta resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria pone fin a más de tres décadas de litigios judiciales en torno al edificio Tenis, un caso emblemático del urbanismo laredano que ha atravesado distintas fases judiciales y administrativas desde 1990, y que ahora encara su cierre definitivo bajo un modelo de acuerdo y mediación entre las partes.
