El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda, formado por UGT‑FICA, CCOO y USO, ha reclamado hoy a las instituciones el máximo apoyo posible para “minimizar” los efectos del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía, que contempla inicialmente 77 despidos en la planta productiva cántabra.
En sendas reuniones celebradas en la Delegación del Gobierno en Cantabria y en la sede del Ejecutivo regional en Peña Herbosa, el órgano sindical ha trasladado a las máximas autoridades la preocupación de la plantilla por el futuro de la fábrica y la necesidad de blindar el empleo existente.
El presidente del comité de empresa de la planta de Solvay en Torrelavega, Raúl Villegas (UGT‑FICA), ha explicado que, en ambos encuentros, los representantes de la empresa han puesto sobre la mesa dos demandas fundamentales: por un lado, el mantenimiento efectivo de los puestos de trabajo, y, por otro, la elaboración de un plan industrial que garantice la continuidad productiva de la factoría y que se traduzca en un horizonte de estabilidad para los trabajadores.
Villegas ha agradecido que el comité haya sido recibido tanto por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, como por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y ha insistido en que la prioridad pasa por “intentar minimizar los efectos del ERE y buscar todos los apoyos posibles” en el ámbito institucional para contener la destrucción de empleo.
Durante las reuniones, tanto el delegado del Gobierno como el consejero de Industria, Eduardo Arasti, han informado al comité de empresa del resultado de la reunión del Grupo de Trabajo de Solvay celebrada el martes en Madrid, en la que han participado el Gobierno de España, el Ejecutivo autonómico y la propia compañía belga.
En ese encuentro, el sindicalista ha señalado que la empresa ha basado su argumentario en la presión de los costes energéticos y la evolución de los precios del mercado, motivo al que atribuye la presunta falta de viabilidad del modelo productivo actual. Sin embargo, el comité considera que “existen más soluciones” y denuncia que la compañía también busca la viabilidad reforzando la precariedad laboral en la planta.
Postura de la Delegación del Gobierno
El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha asegurado, tras la reunión con el comité de empresa, que el Gobierno de España trabajará para “mantener la planta en Torrelavega y para minimizar el impacto del ERE”. Ha subrayado que el objetivo es “hacer todo lo posible” para evitar un desmantelamiento traumático de la factoría y ha reiterado que el Gobierno de España “está y estará comprometido” con Solvay y con sus trabajadores.
Casares ha considerado “fundamental” que la multinacional presente un plan industrial serio y detallado para la fábrica de Barreda, que permita asegurar su futuro a medio y largo plazo y que se traduzca en la permanencia de los puestos de trabajo existentes. En ese sentido, ha señalado que el Estado ofrecerá su colaboración “en todo lo que pueda” para que la empresa pueda seguir contando con Cantabria como enclave productivo.
El representante del Gobierno de España ha recordado que Solvay ha recibido en los últimos años importantes ayudas públicas, entre ellas la incorporación al PERTE de Descarbonización, del que la empresa ha obtenido más de 30 millones de euros que se encuentran actualmente en fase de ejecución. También ha señalado que la compañía ha sido beneficiaria de ayudas dirigidas a empresas electrointensivas y de mecanismos de certificación de ahorro energético que conllevan nuevas subvenciones.
En este contexto, el delegado ha asegurado que el Ejecutivo está dispuesto a “seguir apoyando” a Solvay siempre que la empresa cumpla con los compromisos adquiridos, y ha advertido de que la negociación del ERE corresponde directamente a la empresa y al comité de empresa, si bien el Gobierno de España estará presente para “apoyar en todo lo que se pueda” y evitar salidas no pactadas.
Análisis de la ejecución de las ayudas
Casares ha informado al comité de la reunión mantenida en Madrid en la que se analizó el estado de ejecución de las ayudas recibidas por Solvay a través del PERTE. Ha explicado que la empresa planteó dudas sobre si podría justificar dentro del plazo establecido los importes ya percibidos y que, desde el Gobierno de España, se ha ofrecido flexibilidad para que la compañía pueda completar la documentación, siempre que lo haga antes de junio.
El delegado ha asegurado que el Estado se compromete a “ayudar en ese proceso” para que Solvay ejecute el 100% de las ayudas concedidas y pueda consolidar así su proceso de descarbonización, un requisito clave para mantener la competitividad de la planta.
Por otro lado, la empresa ha planteado la posibilidad de aumentar el número de certificaciones de ahorro energético, lo que permitiría acceder a más ayudas para compensar parte de sus costes energéticos. Casares ha indicado que este planteamiento se trasladará al Ministerio para la Transición Ecológica, el órgano competente en la materia, y ha señalado que, si se consolida, supondría “tener más ayudas para compensar los costes energéticos” de la compañía.
Necesidad de aprobar la Ley de Industria
El delegado del Gobierno ha aprovechado también la reunión para reivindicar la necesidad de desbloquear el anteproyecto de Ley de Industria, actualmente parado en el Congreso de los Diputados. Ha explicado que esa norma contempla la posibilidad de retirar ayudas a empresas que incumplan los compromisos adquiridos, lo que permitiría reforzar la exigencia de responsabilidad frente al uso de los fondos públicos.
En este sentido, Casares ha pedido al Partido Popular que “desbloquee” esta ley, remarcando que “la política está para buscar soluciones y no para poner palos en las ruedas”.
Postura del Gobierno de Cantabria
Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha trasladado hoy al comité de empresa de Solvay su “máximo apoyo” en las negociaciones con la multinacional, según ha trasladada la propia presidenta, María José Sáenz de Buruaga, tras la reunión mantenida con el órgano sindical y con el consejero de Industria.
Según ha señalado Arasti, el futuro de Solvay en Cantabria pasa por que el Gobierno de España, a través de fondos europeos, compense a la empresa por la inversión de 250 millones de euros que debe asumir para cumplir su proceso de transición energética. El consejero ha explicado que esta compensación se ha convertido en un requisito esencial para que la planta resulte competitiva en el mercado global.
Además, el consejero ha recordado que Solvay compite con empresas ubicadas en países extracomunitarios como China, Turquía o Estados Unidos, que no están sujetas a la misma regulación europea sobre emisiones de carbono y que cuentan con costes energéticos significativamente más bajos.
Arasti ha precisado que en España los costes energéticos son el doble que en Estados Unidos, un 50% superiores a los de China y, dentro de Europa, casi el triple que en Francia y un 30% más altos que en Alemania. En este escenario, ha subrayado que Solvay necesita esas ayudas para sostener su actividad productiva y, por tanto, para preservar el empleo en la factoría de Barreda.
Negociación del ERE
En paralelo a estas reuniones institucionales, el ERE sigue su curso en la mesa de negociación. El comité de empresa ha reiterado que la negociación de este expediente se reanudará este jueves 19 de marzo, en el que será el quinto encuentro entre sindicatos y dirección, y proseguirá los días 23 y 26 de marzo y el miércoles 1 de abril, según el calendario acordado.
El presidente del comité ha señalado que, en la situación actual, el objetivo sindical pasa por “intentar minimizar los efectos del ERE” y por explorar todas las vías posibles para que la empresa replantee su hoja de ruta sin recurrir a la destrucción masiva de empleo. Desde el comité se insiste asimismo en que Solvay debe presentar un plan industrial claro, vinculado a inversiones reales, que garantice la continuidad de la fábrica en Torrelavega y que permita que la industrialización de Barreda siga siendo un pilar estratégico para la economía de Cantabria.
