La titular de la Plaza nº1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado las primeras diligencias para esclarecer el accidente ocurrido el pasado 3 de marzo en la pasarela de El Bocal, en el que fallecieron seis personas.
En una providencia dictada este viernes, la magistrada ha citado a declarar en calidad de investigada a una agente de la Policía Local de Santander que, el día anterior al accidente, recibió una llamada del Servicio de Emergencias 112alertando del estado en el que se encontraba la pasarela.
La decisión se adopta después de que el juzgado recibiera al mediodía del pasado viernes un atestado policial detallado, elaborado por el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial, junto con la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.
La resolución judicial fija además para el 27 de marzo la toma de declaración de varias personas relacionadas con los hechos. Además de la agente de la Policía Local, comparecerán como testigos los dos ciclistas que alertaron de lo ocurrido, el vecino que realizó la llamada al 112 el día anterior al accidente, la operadora del servicio de emergencias que trasladó el aviso a la Policía Local y los dos agentes de Policía Nacional que llevaron a cabo la inspección ocular tras el suceso.
Asimismo, la magistrada ha solicitado al Servicio de Emergencias 112 que informe de si desde la creación de la senda costera se han recibido más avisos relacionados con el estado de la pasarela y, en caso afirmativo, que remita al juzgado los audios de dichas llamadas.
Por otro lado, la providencia requiere tanto a Costas como al Ayuntamiento de Santander que aporten toda la documentación disponible relativa a la senda costera, incluyendo los expedientes administrativos, los informes técnicos vinculados al proyecto de ejecución y construcción, así como aquellos documentos relacionados con el mantenimiento y estado de conservación de la infraestructura.
En relación con la pasarela en la que se produjo el accidente, la magistrada ordena mantener el precinto y exige la instalación de barreras físicas que impidan cualquier acceso. Además, requiere a Costas y al Ayuntamiento que se abstengan de manipular, trasladar o alterar la estructura.
Finalmente, el juzgado ha realizado el ofrecimiento de acciones legales a los familiares de las seis víctimas mortales, así como a la única persona que sobrevivió al accidente, para que puedan personarse en el procedimiento si así lo desean.
La providencia dictada por el juzgado no es firme, por lo que contra la misma cabe interponer recurso de reforma ante el propio órgano judicial en el plazo de tres días.
