Podemos Cantabria ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente en la que acusa de “fragmentación artificiosa” la tramitación de los parques eólicos Cotío, Morosos, Henestrosas y Ornedo, todos ellos promovidos por la empresa Green Capital Power S.L. y repartidos entre los municipios de Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.
La formación morada sostiene que no se trata de proyectos independientes, sino de un único desarrollo industrial eólico que habría sido dividido en varios expedientes para rebajar su control administrativo y ambiental, al situarse cada uno por debajo del umbral de 50 megavatios de potencia. Según Podemos, las propias resoluciones del Gobierno de Cantabria reconocen que comparten infraestructuras de evacuación, planificación conjunta y una operativa interdependiente, pese a lo cual se han impulsado como parques separados.
En su denuncia, el partido se detiene especialmente en la Declaración de Impacto Ambiental conjunta de los parques Morosos, Henestrosas y Ornedo, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, donde –según subrayan– se llega a definir expresamente que los tres conforman “un único complejo productivo de energía eólica”. Ese mismo documento, añaden, cifra la potencia conjunta en 62,365 MW, una cifra que supera de forma clara el listón de 50 MW que marca cuándo la competencia pasa a ser exclusiva del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
A esta suma se añade el parque Cotío, autorizado recientemente con una potencia de 17,325 MW, que también comparte parte de la infraestructura de evacuación y acuerdos técnicos con los otros proyectos, lo que, a juicio de la formación, refuerza la unidad funcional del conjunto. “Si la propia Administración reconoce que se trata de un único complejo de más de 60 MW, no tiene ningún sentido que se tramite por separado. Esto podría suponer un fraude de ley destinado a evitar la evaluación ambiental conjunta y a eludir la competencia estatal”, ha denunciado Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria.
El escrito registrado ante la Fiscalía solicita que se investigue si esta presunta fragmentación de los parques eólicos ha servido para esquivar la evaluación ambiental conjunta que exige la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, al trocear un único proyecto en varios de menor potencia. La formación pide igualmente que se aclare si esta división artificial habría permitido sortear la competencia del Estado, reservada para instalaciones que superan el umbral de 50 MW.
Podemos apunta a un posible uso “instrumental” de la fragmentación tanto por parte de la promotora como en la actuación administrativa, y plantea que los hechos podrían encajar en un “fraude de ley” e incluso, en su caso, en un supuesto de prevaricación administrativa, si se acreditara que hubo decisiones adoptadas a sabiendas de su posible ilegalidad.
La organización recuerda que este caso encaja, a su entender, en un patrón que ya viene denunciando en Cantabria, con antecedentes como los parques Las Américas, donde alertaron de un “único proyecto industrial troceado para sortear los controles ambientales y administrativos más exigentes”. En todos estos episodios, insisten, el denominador común sería la división en piezas más pequeñas de iniciativas que, por su dimensión real, deberían someterse a una evaluación más rigurosa y a una supervisión de rango estatal.
“No estamos contra la energía eólica, sino contra un modelo que trocea macroproyectos para rebajar controles y ocultar su impacto real. La transición energética no puede basarse en trampas administrativas”, ha zanjado Pablo Gómez, que reclama un despliegue de renovables “ordenado, planificado y con todas las garantías ambientales y de participación pública”.
