La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander ha elevado la tensión con el equipo de gobierno al exigir el cese inmediato del concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla (PP), y del director general del área, Juan Dañobeitia, en un conflicto que ha ido escalando desde julio de 2025 y que ha culminado con la suspensión judicial de las 10 plazas de Auxiliar Administrativo por caducidad del proceso selectivo.
Los cinco sindicatos que integran la Junta (CCOO, UGT, USO, SIEP y CSIF) han denunciado en rueda de prensa una política de personal desastrosa durante los últimos dos años y medio, desde la reelección de la alcaldesa Gema Igual (PP), y han señalado al concejal Portilla como responsable de un proyecto de reestructuración organizativa que no se ha materializado.
Entre las críticas, destacan la creación de la Dirección General de Recursos Humanos al inicio de la legislatura, que supuso “una inversión significativa en un cargo político sin experiencia previa”, según UGT, y la falta de cumplimiento de compromisos con policía local, banda de música, servicios sociales, vigilantes, ordenanzas y bomberos, además de la ausencia de promociones internas a oficial o subinspector.
462 plazas sin cubrir
La Junta ha cifrado en 462 las plazas vacantes de una plantilla total de 1.303 trabajadores, debido en parte a la parálisis de ofertas de empleo público pendientes desde 2023. Este dato agrava la situación de un Consistorio que acumula tensiones con distintos colectivos.
El detonante inmediato ha sido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que suspendió la semana pasada el proceso para las 10 plazas de Auxiliar Administrativo (OEP 2019, convocadas en 2022), al superar los tres años sin resolverse, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo.
Listas provisionales de Vigilantes y Operarios
En este contexto, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado las listas provisionales para 25 plazas de Vigilante (OEP 2023-2025) y 11 de Operario (OEP 2024-2025), con 407 admitidos en turno libre y 63 con discapacidad para Vigilante (20 excluidos), y 159 admitidos para Operario (8 excluidos).
Nueve plazas de Vigilante (OEP 2023) están en riesgo de caducidad si no se resuelven en 2026. Los sindicatos ven “curiosa coincidencia” que se publiquen ahora estas listas, coincidiendo con las fechas esperadas por los aspirantes.
Conflicto con la Policía Local y más colectivos
Aunque el foco reciente estaba en la Policía Local —con la alcaldesa criticando el “multiplicarse por ocho” las multas y los sindicatos respondiendo con cifras similares a 2024—, la Junta ha ampliado las denuncias a otros servicios.
El conflicto viene de julio de 2025, con concentraciones ante juntas de gobierno, y se agravó en septiembre cuando se hizo público que Dañobeitia compaginaba su cargo con la preparación de oposiciones, algo que el Ayuntamiento avaló pese a las críticas sindicales. En noviembre, la Policía Local dejó de cubrir horas extras, desatando la crisis de las multas.
El brindis navideño, con pitadas y pancartas contra la alcaldesa, marcó un punto de inflexión sin precedentes: es la primera vez que la Junta de Personal exige la renuncia de dos altos cargos de Recursos Humanos, frente a peticiones puntuales en legislaturas anteriores.
Diálogo o escalada
Daniel Portilla ha defendido una postura “negociadora” y ha anunciado reuniones con bomberos y Policía Local en las próximas semanas. Ha pedido a los sindicatos “diálogo y responsabilidad” para encontrar “consensos que beneficien a empleados y ciudadanos”.
Sergio Pando, presidente de la Junta, ha reconocido haber propuesto un calendario de negociaciones sin respuesta, y ha advertido de que la tensión podría escalar en el próximo pleno municipal si no hay avances.
A la comparecencia asistieron el portavoz del PRC, Felipe Piña, y el concejal de Izquierda Unida, Keruin Martínez, en apoyo a la reivindicación sindical.
