La Junta de Personal Docente ha convocado una concentración el viernes 12 de diciembre, a las seis de la tarde, frente a la sede de la Consejería de Educación, para mostrar su rechazo “frontal” al nuevo modelo de oposiciones que el departamento de Sergio Silva (PP) plantea aplicar en la próxima Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026.
El anuncio lo ha realizado este miércoles el representante de UGT en la Junta, Jesús San Emeterio, minutos antes de registrar en la Consejería 1.600 firmas recogidas durante el llamado ‘miércoles verde’ del pasado 26 de noviembre, en apoyo a la continuidad del sistema actual. Los sindicatos exigen que el modelo no se modifique “sin una negociación seria y previa con las organizaciones del profesorado”.
Entre los cambios que la Consejería pretende introducir figuran la eliminación de la posibilidad de conservar la nota obtenida en los dos últimos procesos selectivos, la convocatoria de plazas equivalente al 100% de la tasa de reposición en lugar del 120% que permite la ley y la creación de un tribunal único por especialidad, con la mitad de sus vocales elegidos directamente por el propio departamento. Las modificaciones afectarían a los futuros aspirantes del cuerpo de maestros, cerca de 2.000 personas que se presentarán a las oposiciones de verano de 2026.
San Emeterio ha expresado su “profunda preocupación” por la decisión de la Consejería de introducir estos cambios “de manera unilateral” y ha recalcado que el actual sistema “ha servido durante más de 20 años para dotar de estabilidad y certidumbre al profesorado interino”. “Nos hemos encontrado con un no rotundo a mantener un mecanismo que funciona y que aporta seguridad en un proceso tan complejo y exigente como una oposición docente”, ha afirmado.
Rechazo a los nuevos tribunales
La Junta de Personal Docente también critica el nuevo formato que Educación propone para designar los tribunales. Según el planteamiento de la Consejería, parte de los miembros serían elegidos por sorteo y otros designados libremente, incluso por el propio departamento, lo que —según San Emeterio— “compromete la objetividad e independencia del proceso”.
Los sindicatos reclaman “mayor transparencia y rigor” en los criterios de evaluación, con la publicación de las rúbricas y modelos junto a la convocatoria, una práctica que —según recuerdan— ya se aplica en comunidades como Andalucía, Murcia o Galicia. “Aquí los criterios se publican a última hora, apenas dos días antes de comenzar las pruebas”, ha lamentado el representante de UGT, que considera necesario “homogeneizar el proceso para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
La Junta también exige mejorar las condiciones de trabajo y retribución de los tribunales, denunciando los retrasos en el pago de dietas y compensaciones económicas. “Estamos a punto de cerrar el año y buena parte de los miembros de los tribunales de junio siguen sin cobrar lo que les corresponde”, ha criticado San Emeterio, que pide además una formación previa para unificar criterios de corrección y asegurar la seguridad jurídica del proceso.
Acusan a Silva de incumplir su palabra
Los representantes sindicales acusan al consejero Sergio Silva de incumplir su compromiso público de no imponer modificaciones sin consenso. Según la Junta, la última mesa sectorial, presidida por el director general de Personal Docente, Alberto Ontañón, “evidenció la falta de voluntad de negociación del Gobierno”, que se mantiene firme en aplicar los cambios.
San Emeterio ha rechazado también los argumentos de la Consejería, que, según los sindicatos, justifican la eliminación del sistema de notas guardadas alegando “malos resultados del profesorado”. “Esa versión es inaceptable y totalmente alejada de la realidad del colectivo”, ha asegurado, subrayando que miles de docentes “merecen respeto por el esfuerzo y la preparación que conlleva cada oposición”.
Por todo ello, la Junta de Personal Docente llama a la comunidad educativa a movilizarse para exigir a la Consejería “que cumpla con su palabra, respete los espacios de diálogo y no lleve a cabo cambios unilaterales en una materia que afecta a la estabilidad profesional de cientos de docentes cántabros”.
