El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, presentó esta semana su “proyecto imparable”: la carretera Requejada-Suances, que comenzará a construirse en 2027 mediante un contrato público-privado valorado en 187,8 millones de euros. Una apuesta controvertida del Gobierno autonómico que compromete las finanzas cántabras por 26 años, dejando en entredicho la viabilidad de otras inversiones en infraestructuras locales mientras se atienden los pagos elevadísimos que conllevará esta obra. Para contextualizar esta cifra, si comparamos el coste por kilómetro con otras grandes obras: el tren AVE ronda los 18 millones por kilómetro y un tramo de autovía en la meseta, Molledo-Pesquera, costó cerca de 17 millones por kilómetro. En contraste, la carretera Requejada-Suances alcanzará un coste de 23,47 millones por kilómetro,
Media anunció que la licitación saldrá en las primeras semanas de diciembre y que esperan adjudicarla en los primeros meses de 2026, para iniciar las obras en el primer trimestre del año siguiente. Se trata de construir más de ocho kilómetros de carretera, incluyendo un puente atirantado de 750 metros para cruzar la ría de Suances, facilitando el acceso directo desde la A-67 a las localidades de Cortiguera y Tagle, evitando así los históricos atascos que genera el actual desvío por Barreda.
El sistema elegido para financiar el proyecto es el polémico modelo concesional de pago por disponibilidad, por la que la empresa adjudicataria redactará y ejecutará la infraestructura, y se encargará de su mantenimiento durante 26 años. Según explicó el consejero, esta fórmula «permite seguir ejecutando obras sin dañar las cuentas públicas», pero la cifra que Cantabria deberá desembolsar anualmente —7,2 millones de euros durante los próximos 26 años— supone un compromiso financiero que supedita las inversiones en el resto del territorio.
El coste inicial de construcción se calcula en algo más de 87 millones, que incluye 1,8 millones para la redacción del proyecto y unos 81 millones para la obra en sí, a lo que hay que sumar más de cuatro millones destinados a dirección de obra, control y ensayos. Además, la concesionaria asumirá gastos de operación y mantenimiento de aproximadamente 460.000 euros anuales, más inversiones periódicas para asfaltar, revisar el puente y asegurar su correcta conservación. En total, el pago máximo previsto con intereses y costes adicionales ronda los 187,8 millones de euros.
Roberto Media defendió el sistema alegando que este tipo de contratos son habituales en Europa y otras comunidades españolas, destacando su capacidad para implicar al sector privado en la ejecución, innovación y financiación, y reduciendo los riesgos para la administración. Sin embargo, esta estrategia no ha estado exenta de críticas, especialmente por la elevada cuantía que amortiguará la posibilidad de afrontar otras urgencias públicas y por la complicación que supone una deuda plurianual tan extensa.
El consejero admitió que solo la Consejería de Fomento destinará más de 80 millones en los próximos tres años para esta obra, lo que en la práctica implica dejar bloqueadas otras inversiones relevantes en carreteras y servicios públicos del resto de la comunidad. Esta circunstancia ha generado preocupación entre sectores críticos que ven cómo esta apuesta prioriza el gasto a corto plazo sin un análisis profundo del equilibrio presupuestario.
La polémica gira en torno a que el pago por disponibilidad obliga a la administración a desembolsar anualmente unos 7,2 millones de euros durante casi tres décadas, un gasto comparable a pagar una hipoteca interminable que enlaza el desarrollo de esta carretera con limitaciones presupuestarias a futuro. Además, para cubrir las expropiaciones contempladas, el Gobierno tendrá que invertir más de un millón de euros.
El discurso oficial resalta que la colaboración público-privada facilita acelerar el proyecto y evita retrasos de años o incluso décadas que supondría una contratación convencional financiada íntegramente con fondos públicos. Pero el coste final refleja un aumento significativo respecto al presupuesto base e incluye intereses por la financiación y gastos continuos de mantenimiento que aportan un sobrecoste considerable.
Frente a este escenario, crecen las dudas sobre la justicia social y económica de destinar una cuantía tan elevada a una carretera en lugar de focalizarse en otras necesidades infraestructurales de Cantabria, que probablemente quedarán postergadas debido a la carga financiera asumida. La insistencia en que este sistema es “más rentable y sostenible” se acompaña de críticas que alertan sobre el riesgo de hipotecar el futuro financiero de la comunidad.
El partido Cantabristas ha puesto en alerta sobre lo que califica como “el timo” en la gestión de la carretera que unirá Requejada y Suances, cuyo sobrecoste ya supera los 130 millones de euros. Según el portavoz Paulu Lobete, el problema no está en la necesidad de la infraestructura, sino en la fórmula elegida para su desarrollo, que contratará a una empresa concesionaria para ejecutar la obra y mantenerla durante 26 años por un total de 187,8 millones de euros, un coste muy superior a los 45 millones que supondría la construcción directa.
