La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Suances han mantenido una reunión en la sede del Ejecutivo regional en Peña Herbosa para abordar la expansión de la Oficina de Justicia municipal, antigua sede del juzgado de paz, con el fin de dar cabida a las nuevas competencias y servicios derivados de la reforma organizativa de la Administración de Justicia en España.
La consejera Isabel Urrutia destacó el compromiso del Gobierno cántabro de apoyar a los ayuntamientos en la elaboración y cumplimiento de planes contra incendios forestales, una exigencia de la normativa nacional que contará con una partida específica en los presupuestos regionales de 2026. La consejera puso en valor el aumento del 25% en las subvenciones destinadas a las oficinas de justicia municipales, que superarán los 175.000 euros, cifra que no se elevaba desde 2011. Asimismo, se ofrecerá una nueva guía de respuesta ante el riesgo de incendios, que incluirá cartografía municipal y apoyo técnico autonómico para que los municipios puedan hacer inventarios territoriales adaptados a sus características.
El alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, señaló que las iniciativas para su municipio dependen en gran medida de la aprobación de los presupuestos autonómicos para 2026, especialmente en materia de inversiones. Sobre la plantilla de la policía local, el regidor lamentó las dificultades para cubrir bajas temporales y vacantes, que dejan el servicio “bajo mínimos”.
También se abordó la convocatoria para una oposición única para la policía local en toda Cantabria, que el Gobierno regional prevé implementar en 2026. Finalmente, Urrutia y Ruiz Moya estudiaron la órbita de ayudas que incluirán material para hidrantes, policía local y protección civil, también contempladas en el proyecto de presupuestos regionales.
Esta ampliación y modernización de las Oficinas de Justicia municipales responde a la Ley Orgánica 1/2025, que impulsa una profunda reforma del sistema judicial español, con la creación de los Tribunales de Instancia y la evolución de los antiguos juzgados de paz en Oficinas de Justicia modernas, que amplían sus funciones y mejoran la eficiencia en la atención a la ciudadanía. Esta reforma se está implantando progresivamente a lo largo de 2025 y culminará a final de año, buscando agilizar los procedimientos y optimizar los recursos judiciales en todo el territorio nacional.
