La Consejería de Educación ha vuelto a tensar su relación con el profesorado al anunciar su intención de introducir una serie de cambios en las próximas oposiciones docentes, entre ellos la eliminación de la posibilidad de conservar las notas obtenidas en las dos últimas convocatorias. La medida, calificada de “injusta” por los sindicatos, ha reabierto un conflicto que ya venía marcado por la disputa sobre la adecuación salarial del profesorado y amenaza con deteriorar aún más la relación entre el Ejecutivo autonómico y el cuerpo docente.
El departamento dirigido por Sergio Silva (PP) defiende la decisión como una forma de “reforzar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública”, tal y como establece la Constitución. En palabras del director general de Personal Docente, Alberto Hontañón, las modificaciones propuestas buscan “ajustar el proceso selectivo a los criterios de transparencia y equidad” y evitar desigualdades entre aspirantes. Silva ha negado que se trate de una medida “unilateral” y ha asegurado que “apuesta por el diálogo”, recordando que el acuerdo firmado con el anterior Gobierno (PRC-PSOE) ya ha expirado.
Durante la primera reunión de la mesa de negociación sobre la Oferta Pública de Empleo de 2026, celebrada este lunes, la Consejería planteó además otras novedades: la creación de un tribunal único por especialidad, la designación de vocales voluntarios y cambios logísticos en el desarrollo de las pruebas. “Nuestra intención es mejorar el sistema a partir de la experiencia y las dificultades observadas en convocatorias anteriores”, señaló el consejero, quien incidió en que parte de los acuerdos previos están “judicializados” y recomendó “prudencia” antes de mantener en vigor un modelo que podría resultar impugnado.
Los sindicatos, sin embargo, han recibido estas propuestas con abierta oposición. ANPE ha advertido de que eliminar la posibilidad de guardar la nota perjudica a quienes “ya han demostrado su competencia profesional tras años de preparación”, y ha pedido la convocatoria del 120% de la tasa de reposición —en lugar del 100%— para reducir la temporalidad en los centros públicos. Además, reclama que los aspirantes que superen la oposición de 2026 sean nombrados funcionarios de carrera en septiembre del año siguiente.
Desde Comisiones Obreras, la Federación de Enseñanza ha tachado las medidas de la Consejería de “rocambolescas” y ha acusado al equipo de Sergio Silva de improvisar a seis meses del inicio del proceso. Su secretaria general, Conchi Sánchez, ha denunciado que los cambios “suponen un agravio para interinos y aspirantes” y ha criticado la centralización de la gestión en un tribunal único con presidentes designados “a discreción” por la Administración. “En lugar de abordar los problemas estructurales del sistema —temarios obsoletos y criterios poco aplicados—, se introducen novedades que generan incertidumbre y vulneran los principios de igualdad”, advirtió.
CCOO ha reclamado además una negociación “pausada y real” que permita alcanzar un consenso amplio. Entre sus demandas figuran que se mantenga la validez de las notas anteriores, que se convoquen todas las plazas que permite la ley y que se publiquen con antelación suficiente los criterios de corrección, las rúbricas de evaluación y las guías de funcionamiento de los tribunales. También pide abordar otras cuestiones pendientes, como la reducción de ratios, la estabilidad del profesorado interino o las condiciones del personal en prácticas, a menudo destinado a tareas ajenas a su especialidad.
Sánchez ha recordado que su organización ya propuso en 2018 que todos los aspectos relativos a los procesos selectivos se debatieran en la Mesa de Función Pública para unificar criterios de acceso en toda la Administración de Cantabria. “Los docentes llevamos demasiado tiempo a merced de los vaivenes políticos. Es momento de organizarnos y actuar colectivamente para impedir que se sigan tomando decisiones sin consenso”, señaló la dirigente sindical, que ha convocado una asamblea abierta para el próximo 26 de noviembre en Santander para coordinar nuevas acciones.
Por su parte, la Consejería insiste en que estas medidas no pretenden empeorar las condiciones de los aspirantes, sino ajustar los procedimientos a la legalidad y mejorar el funcionamiento de las oposiciones. “Somos una administración que quiere hablar y escuchar. Este es solo el comienzo del diálogo”, zanjó Silva, que confía en alcanzar un acuerdo antes de que se publique la convocatoria definitiva de las pruebas.
