El presupuesto de personal de la Administración autonómica de Cantabria crecerá un 4,9% en 2026, lo que supone un incremento de casi 72 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. Este aumento, que permitirá atender principalmente las mejoras salariales en los sectores docente y sanitario, eleva hasta los 220 millones el esfuerzo acumulado desde 2023 en materia retributiva. Además, el proyecto de presupuestos contempla una reserva de crédito adicional para absorber posibles subidas derivadas de la normativa básica estatal y un fondo de 1,5 millones destinado a las mejoras incluidas en el futuro IX Convenio Colectivo para personal laboral, actualmente en negociación.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y la directora general de Función Pública, Isabel Barragán, comunicaron estos datos a los sindicatos CCOO, CSI-CSIF y UGT durante la reunión de la Mesa General de Negociación, celebrada para analizar el anteproyecto presupuestario de 2026 en materia de personal. Urrutia destacó el “esfuerzo financiero sostenido” del Ejecutivo cántabro en esta legislatura, que permite mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos “sin comprometer el cumplimiento de la regla de gasto” tras la reactivación de las normas fiscales de la Unión Europea. “En un contexto de reducción de fondos europeos, este esfuerzo de 220 millones en tres años demuestra nuestro compromiso real con los servicios públicos y los trabajadores que los hacen posibles”, afirmó.
Por sectores, el presupuesto de personal docente crecerá un 4,1%, el de sanitario un 7,25% y el de la Administración de Justicia un 2,3%, que se suma al 10% de incremento aplicado en 2025 para cumplir el acuerdo retributivo alcanzado con este colectivo. En el ámbito judicial, se habilitará además una partida de 1,25 millones para culminar las nuevas relaciones de puestos de trabajo. Por su parte, la Administración General verá reforzada su dotación pese a la desaparición de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con la contratación de 28 nuevos bomberos-conductores para el Servicio de Emergencias de Cantabria.
El anteproyecto prevé también un 2% de fondo adicional para atender posibles incrementos retributivos que puedan aprobarse por ley estatal, además de ajustes derivados de cotizaciones sociales y coeficientes reductores por jubilación anticipada en categorías como operarios forestales o agentes medioambientales. En materia de acción social se incluyen seguros de vida y accidentes para el personal público y una partida específica de 890.000 euros destinada a anticipos de nómina. Como novedad, se autoriza la percepción de gratificaciones extraordinarias para los técnicos auxiliares de prevención y extinción de incendios dependientes del SEMCA, y se amplía el complemento de atención continuada para más categorías del personal sanitario del Servicio Cántabro de Salud.
Urrutia hizo hincapié en que el reparto presupuestario reafirma la prioridad del Gobierno autonómico en servicios esenciales: sanidad, educación y servicios sociales, que concentran más del 82,5% del total destinado a personal. La consejera valoró además la “actitud constructiva” de los sindicatos, cuyas propuestas de la anterior reunión de la Mesa de Negociación han sido incorporadas parcialmente al texto. Sin embargo, advirtió de las dificultades añadidas que supone elaborar las cuentas sin contar con “datos actualizados” del Gobierno central sobre los ingresos del sistema de financiación, lo que, según dijo, “condiciona la capacidad de planificación”.
En cuanto a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, se incorporará la derogación del artículo 5 de la Ley 2/2012, que impedía la prolongación de la permanencia en servicio activo, pasando a considerarse un derecho que podrá ejercerse si lo autoriza la Administración conforme al Estatuto Básico del Empleado Público. Además, se prevé modificar la Ley 9/2010 de personal estatutario para incluir un complemento de absorción que evite desigualdades retributivas en cargos directivos de instituciones sanitarias.
Con este incremento presupuestario, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga pretende consolidar un marco de estabilidad laboral y atraer nuevo talento al sector público autonómico. “Estamos invirtiendo en las personas que sostienen nuestros servicios fundamentales, apostando por una administración más moderna, eficiente y comprometida con los ciudadanos”, concluyó la consejera.
