En el Pleno del Parlamento de Cantabria celebrado durante la jornada de ayer , el consejero de Sanidad, Pascual, se enfrentó a las críticas del PRC sobre los importantes retrasos que afectan al programa de detección precoz del cáncer de mama, que actualmente mantiene a unas 3.900 mujeres a la espera de los resultados de sus pruebas. Ante estas denuncias, Pascual aseguró que todas las personas afectadas ya están citadas y que las citas están programadas para realizarse en el plazo máximo de un mes y medio. Asimismo, destacó que desde la Consejería se están implementando medidas concretas para acelerar y mejorar el funcionamiento del programa, con el objetivo de garantizar la atención rápida y eficaz para las pacientes. Entre las acciones emprendidas figuran la incorporación del Hospital de Sierrallana para llevar a cabo las primeras lecturas, el refuerzo de la Unidad de Mama en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con la incorporación de un nuevo radiólogo y la próxima renovación de la unidad móvil, que estará equipada con tecnología avanzada, incluida la inteligencia artificial para la realización y lectura de mamografías.
Además, el consejero aclaró que la contratación de mil lecturas externas al Hospital Santa Clotilde no implica una privatización ni un cambio estructural en la gestión, sino que se trata de una medida puntual para apoyar el programa y reducir las demoras acumuladas. Pascual insistió en que en ningún momento se ha planteado una externalización definitiva del servicio, sino una colaboración temporal destinada a mantener la calidad y la cobertura del cribado en Cantabria.
Por su parte, la diputada regionalista Paula Fernández criticó duramente al consejero, lamentando que no hubiera ofrecido disculpas por la situación actual, que calificó como una crisis sanitaria que afecta “gravemente” a la ciudadanía cántabra. Fernández acusó al Ejecutivo de falta de planificación y aseguró que el retraso no es un problema puntual sino un fallo “estructural y crónico” del sistema sanitario. Calificó la externalización de lecturas como un “parche” y advirtió que podría ser la primera señal de una futura privatización que el PRC rechaza rotundamente. La diputada también reprochó la ausencia de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el pleno, opinando que debía estar al frente de la gestión de esta emergencia, como sí hicieron otros presidentes autonómicos en situaciones similares.
En su réplica, Pascual recordó a Fernández que ella formó parte de un gobierno bipartito (PRC-PSOE) en el que se ralentizó precisamente el programa de cribado de cáncer de mama, se paralizó el programa de cáncer de colon y no se puso en marcha el de cáncer de cérvix. Con un tono contundente, el consejero calificó las críticas de “oportunismo político” y criticó el tratamiento mediático del asunto, al considerar que banalizar un problema tan serio como el cáncer para obtener titulares cruzaba una línea ética que ningún político debería sobrepasar. Pascual defendió que los equipos sanitarios están trabajando activamente para mejorar la situación, y que las medidas tomadas están encaminadas a que el programa sea cada día más efectivo y accesible.
En el debate también se abordó la cuestión de la externalización y si esta podría suponer una privatización encubierta del servicio, un punto en el que las posturas quedaron claras: desde la Consejería se negó cualquier intención de privatizar, y se insistió en que la colaboración con el Hospital Santa Clotilde es un recurso puntual para asegurar la continuidad y calidad del cribado, especialmente ante la acumulación de retrasos ocasionados por la alta demanda y la complejidad en la gestión de los recursos.
Este enfrentamiento parlamentario pone de relieve las dificultades que atraviesa el sistema sanitario público en la comunidad para gestionar programas preventivos esenciales como la detección temprana del cáncer, así como la creciente presión social y política para mejorar los tiempos de respuesta y garantizar la transparencia. La controversia también ha puesto de manifiesto la necesidad de un mayor consenso y cooperación entre partidos para fortalecer los servicios públicos y atender con eficacia las necesidades de la población más vulnerable.
