La vivienda vuelve a situarse en el centro del debate político en Cantabria tras la notificación remitida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) a distintas plataformas digitales para que retiren de forma inmediata 955 anuncios de alojamientos turísticos sin registrar en la comunidad. El listado, elaborado a través del Registro Único de Alquileres Temporales, incluye pisos ubicados en 76 municipios, con especial incidencia en Santander (220), Suances (79), Comillas (60), San Vicente de la Barquera (54) y Ribamontán al Mar (38), localidades que ya arrastran una fuerte presión en el mercado inmobiliario por el auge del turismo.
El Ministerio ha precisado que se trata de viviendas que, pese a haber solicitado número de registro desde el pasado 1 de julio, no han podido obtenerlo al incumplir los requisitos legales. Los inmuebles, en muchos casos ofertados en varias plataformas a la vez, deberán ser eliminados en las próximas semanas. Con esta medida, el Ejecutivo busca frenar la proliferación de pisos vacacionales sin licencia que, según advierte, está tensionando el mercado y dificultando el acceso a un alquiler asequible para los residentes.
Sin embargo, la reacción del Gobierno autonómico no se ha hecho esperar. El consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), ha calificado la iniciativa como “una ocurrencia” del presidente Pedro Sánchez y de la ministra Isabel Rodríguez, acusándolos de actuar con fines propagandísticos. Media ha lamentado que la carta enviada a las comunidades no incluya un listado detallado de los pisos ilegales y ha ironizado con que “parece que corría más prisa anunciarlo en un mitin que dar datos concretos”. Además, ha criticado que se traslade a las consejerías de Vivienda la responsabilidad de clausurar alojamientos turísticos, una competencia que, ha subrayado, no está en sus manos.
El consejero también ha cargado contra lo que considera un estilo de trabajo improvisado del Gobierno central. “Llevamos prácticamente un año sin reunirnos con la ministra y nos enteramos de sus planes por los medios de comunicación”, denunció, al tiempo que reiteró que Cantabria no declarará zonas tensionadas de alquiler mientras gobierne el PP. En esa línea, sostuvo que la Ley estatal de Vivienda es “un lastre” que, en su opinión, compromete el futuro de los jóvenes y genera inseguridad en el mercado.
La réplica llegó de la mano del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien ha pedido al Ejecutivo autonómico “más seriedad y menos insultos”. Casares defendió que la información ya ha sido remitida a la Consejería de Vivienda y recordó que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 comenzará su consulta pública esta misma semana, con la previsión de aprobarlo a finales de año. Según el delegado, la carta enviada por el Ministerio “no tiene nada de amenaza”, sino que constituye “una llamada a la responsabilidad compartida para abordar la principal preocupación de los cántabros: la dificultad para acceder a una vivienda”.
Casares reprochó a Media su tono “faltón” y recalcó que el Ejecutivo central busca cooperación y no enfrentamiento. “Si de verdad estuviera preocupado por la situación, habría visto en esa carta una mano tendida y no una amenaza. La urgencia de dar respuesta a las familias y a los jóvenes es demasiado seria como para convertirla en un cruce de reproches”, subrayó. Además, apeló a trabajar de manera conjunta para controlar la oferta ilegal de pisos turísticos y avanzar en políticas que incrementen el parque de vivienda disponible.
En este cruce de declaraciones, queda en evidencia un choque político que se suma al creciente malestar social por los precios del alquiler y la falta de opciones asequibles en buena parte del territorio cántabro. Mientras los vecinos denuncian dificultades cada vez mayores para encontrar vivienda, el pulso entre administraciones añade incertidumbre a un problema que, lejos de resolverse, amenaza con intensificarse en los próximos meses.
