La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado este martes que su Ejecutivo “no va a tirar la toalla” en las conversaciones abiertas con los representantes del profesorado para mejorar sus retribuciones, aunque ha lamentado que la Junta de Personal Docente “haya respondido siempre con un no” pese a las sucesivas propuestas presentadas en los últimos meses.
Preguntada por la huelga convocada para los días 8 y 9 de septiembre, coincidiendo con el arranque del curso escolar, Buruaga ha apelado al “esfuerzo y entendimiento” de la parte sindical y ha subrayado que la voluntad de diálogo del Gobierno “sigue intacta como el primer día”. “Dos no pueden llegar a un acuerdo si uno no quiere”, ha afirmado, incidiendo en que su equipo ha sido el primero en casi dos décadas en plantear una propuesta de adecuación salarial “dentro de los márgenes del presupuesto”.
La líder del Ejecutivo ha reconocido que la negociación ha sido “larga y compleja”, con hasta nueve reuniones celebradas, la última el pasado 28 de agosto, en las que el Gobierno ha ido “mejorando sus planteamientos” para acercarse a las peticiones del profesorado. Sin embargo, ha considerado que “siempre parece insuficiente” para la Junta de Personal. “Da la impresión de que se están quedando sin argumentos y que, cuando se despeja un obstáculo, inmediatamente surge otro nuevo”, ha valorado.
Buruaga ha mostrado además su respaldo al consejero de Educación, Sergio Silva, cuya labor en este conflicto ha calificado de “impecable”, y ha defendido que la propuesta que sigue sobre la mesa situaría a los docentes cántabros “entre los mejor pagados de España”. Por eso, ha afirmado que resulta “imposible decir que no”, aunque ha advertido que aceptar sin condiciones las demandas sindicales tendría un coste de 35 millones anuales y supondría “poner en riesgo la sostenibilidad de un sistema educativo que es un lujo para Cantabria”.
“Sería irresponsable firmar un acuerdo que no se puede cumplir”, ha sostenido la presidenta, quien ha recalcado que no se pueden reconocer derechos “sin respaldo financiero”. En este sentido, ha defendido que primero debe alcanzarse un pacto realista con los docentes y, a continuación, aprobar un presupuesto que lo respalde con garantías. “Administramos recursos públicos, no los intereses de un partido, y ahí no vamos a ceder”, ha zanjado.
