El Gobierno de Cantabria, presidido por el Partido Popular, ha reiterado su voluntad de impedir la huelga educativa prevista para el inicio del próximo curso escolar. El consejero de Educación, Sergio Silva, aseguró este martes que el Ejecutivo pondrá “todas sus fuerzas” en intentar que no se lleven a cabo las jornadas de paro anunciadas por la Junta de Personal Docente. No obstante, advirtió que la decisión final “depende, sobre todo, de quien la convoca”.
Las declaraciones del consejero, difundidas a través de las redes sociales, llegan después de que el pasado viernes la Junta de Personal Docente anunciara una serie de movilizaciones si no se alcanza antes un acuerdo de adecuación salarial para el profesorado. El calendario de paros contempla huelga los días 8 y 9 de septiembre en los colegios; 11 y 12 en los institutos; 17 y 18 en los centros de educación de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño; y 7 y 8 de octubre en las escuelas oficiales de idiomas.
La protesta podría escalar si no se produce un acercamiento entre las partes. La Junta, formada por los sindicatos ANPE, STEC, CCOO, TU y UGT, advierte de que está dispuesta a paralizar el sistema educativo durante toda la semana del 20 al 24 de octubre, coincidiendo con la fase previa a la presentación de los Presupuestos autonómicos de 2026 en el Parlamento.
En su mensaje, Silva criticó que PRC y PSOE “den lecciones” sobre este conflicto cuando, según él, “no hicieron nada” en materia de adecuación salarial durante sus mandatos. “Es inadmisible”, afirmó, acusando a la oposición de oportunismo político.
Respuesta sindical
Tras las declaraciones del consejero, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC), mayoritario en la representación docente aunque la presidencia de la Junta la ostenta ANPE, emitió un comunicado reprochando la postura del Gobierno. Según STEC, la reacción de Silva se ha limitado a presentarse como “dialogante y trabajador” pese a “faltar” a la convocatoria de negociación planteada por los sindicatos.
El sindicato sostiene que el consejero “ha faltado a la verdad” en las cifras aportadas y ha recurrido a “los habituales reproches entre partidos” mientras “censura” el derecho de las organizaciones sindicales a fiscalizar sus políticas. “Así no se soluciona nada”, afirmó.
STEC asegura que mantendrá su labor de “pedagogía” sobre los motivos del malestar docente, tanto entre el profesorado como ante la opinión pública, y reclama que se les conceda espacio para explicar sus reivindicaciones.
