La sexta reunión entre la Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente de Cantabria finalizó este lunes sin acuerdo sobre la subida salarial del profesorado, aunque con sensaciones más optimistas que en encuentros anteriores. Durante más de ocho horas, ambas partes negociaron con posturas firmes, pero lograron reducir diferencias y abrir una nueva fase de diálogo.
El consejero de Educación, Sergio Silva, señaló tras el encuentro que “hemos sido sensibles a las reivindicaciones sindicales más allá de la subida”, anunciando que el departamento ha aceptado eliminar el carácter obligatorio de la formación ligada a los sexenios y rebajar el número de horas a 200. Además, se ajustarán las cuantías para que el primer, segundo y último sexenio sean más atractivos económicamente, y se contempla la equiparación salarial del profesorado técnico de Formación Profesional que aún no está integrado.
Por su parte, el portavoz sindical Diegu San Gabriel reconoció avances y aseguró que “estamos a la distancia de un tobogán en Cabárceno”, subrayando que ya no hay motivos para prolongar más el conflicto. Aun así, los sindicatos consideran insuficiente la oferta económica del Gobierno, que mantiene el límite en 150,23 euros de subida lineal. La Junta había pedido inicialmente 240 euros.
La Junta de Personal Docente se ha comprometido a presentar una contraoferta por escrito en los próximos días. No han aclarado si incluirán una nueva propuesta económica que supere el techo fijado por Educación, aunque no lo descartan.
El acuerdo afecta a unos 9.000 docentes y podría marcar el inicio del curso escolar. Los sindicatos advierten de que, sin avances, septiembre podría traer movilizaciones similares a las de 2018. Sin embargo, el clima tras esta última reunión invita al optimismo.
Según Silva, con la propuesta actual Cantabria situaría a sus docentes “200 euros por encima de la media nacional”, con sueldos brutos de 2.764 euros para maestros y 3.082 para profesores de Secundaria. La medida tendría un impacto presupuestario de 30 millones de euros. A pesar de las diferencias, ambas partes valoran el nuevo clima negociador tras ocho meses de conflicto.
