El conflicto por el cierre del colegio público El Pedregal, en Castro Urdiales, ha llegado a los tribunales. El sindicato mayoritario en el sector educativo en Cantabria, STEC, junto con la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) del centro, ha presentado un recurso contencioso-administrativo para frenar la supresión de plazas docentes y la clausura del centro, solicitando además su suspensión cautelar mientras se resuelve el procedimiento judicial.
En el recurso, al que se han sumado también la mayoría de los docentes afectados por la eliminación de sus puestos, se denuncia que no se ha notificado formalmente la supresión de las plazas hasta apenas unos días atrás, lo que les deja sin margen de defensa. Asimismo, cuestionan la justificación del cierre, al considerar que no se han acreditado causas suficientes ni motivación para eliminar un servicio público esencial.
Además de la vía legal, la Junta de Personal Docente ha iniciado una recogida de apoyos en los claustros de toda Cantabria, instando a que no se cierre ningún colegio público mientras no se reduzcan las ratios y se reviertan los conciertos con la enseñanza privada.
Desde el STEC se apunta que ya en la anterior legislatura se intentó cerrar El Pedregal, pero se frenó gracias a la presión social y sindical. La diferencia, dicen ahora, es que el actual Gobierno regional ha tomado una decisión “estrictamente política”, pese a que el colegio ha aumentado su matrícula y cuenta con familias en lista de espera por falta de plazas. “Es una vergüenza que se pretenda cerrar un proyecto educativo consolidado para especular con un inmueble que fue legado con el propósito de promover la educación gratuita en Castro Urdiales”, han denunciado.
Durante la rueda de prensa celebrada este jueves, representantes del AMPA calificaron el día como “triste y amargo” al tener que recurrir finalmente a la vía judicial, tras meses sin respuestas claras ni avances en el diálogo con la Consejería de Educación ni con la Fundación Barquín Hermoso, propietaria del edificio. “Hemos hecho todo lo posible para evitar este desenlace, pero el Gobierno de Cantabria ha optado por ignorar nuestras propuestas”, lamentaron.
Las familias critican también la falta de transparencia en el proceso, especialmente en relación con el contrato de arrendamiento del edificio entre la Fundación y la administración autonómica, del que aseguran no haber obtenido información pese a múltiples solicitudes. Incluso han elevado su reclamación al Consejo de Transparencia del Estado, sin haber recibido respuesta hasta el momento.
“Desde que se nos comunicó la decisión en marzo —pese a que fue adoptada en diciembre— hemos vivido una carrera contrarreloj. Hemos solicitado reuniones, propuesto alternativas y recogido más de 11.000 firmas en defensa de nuestro colegio, sin que ninguna de nuestras acciones haya sido tenida en cuenta”, resumieron las madres y padres presentes.
Según denuncian, los docentes tampoco han recibido notificación individualizada sobre la supresión de sus plazas, con lo que se les priva del derecho a recurrir en tiempo y forma. “Nos han dejado en total indefensión. La decisión aparece de forma implícita en una escueta publicación del BOC, lo que demuestra una falta de respeto institucional hacia nuestra comunidad educativa”.
Por todo ello, han decidido presentar la demanda para que se declare la nulidad de la decisión adoptada por la Consejería, y han insistido en que su objetivo es que el colegio siga abierto el próximo curso escolar. “Confiamos en que la justicia frene esta injusticia. Lo hacemos por nuestros hijos e hijas, porque cualquier día puede ser un buen día para seguir aprendiendo en El Pedregal”, concluyeron.
