El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha lanzado duras críticas contra el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, al que acusan de haber «perdido el contacto con la realidad de las aulas». Tras la huelga del 28 y 29 de mayo, que según el sindicato tuvo un seguimiento mayoritario, consideran que la distancia entre Silva y el colectivo docente es ya «insalvable».
Una de las principales quejas del STEC es el uso de una encuesta que, en su opinión, el consejero empleó como herramienta política en lugar de como base para mejorar las condiciones laborales y la convivencia escolar. La organización considera que esta actitud muestra una falta de voluntad real para alcanzar acuerdos y acusa a Silva de convertir cada negociación en un nuevo foco de conflicto.
En respuesta, la Junta de Personal Docente ha impulsado su propia consulta sobre la gestión del consejero. Los resultados, según el STEC, no dejan lugar a dudas: un 95% del profesorado se declara insatisfecho o muy insatisfecho con su labor.
Desde el sindicato recuerdan además que, en la última reunión de la mesa de negociación, el consejero solicitó un receso para consultar con altos cargos del Gobierno regional, tras lo cual no mostró disposición alguna a modificar su propuesta. Por este motivo, el STEC señala ya directamente a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, como responsable del enquistamiento del conflicto.
Formación impuesta y recortes encubiertos
Otro de los puntos que ha encendido la protesta sindical es la intención del Gobierno cántabro de condicionar los complementos salariales a una formación «excesiva y dirigida». En concreto, la Consejería plantea que los docentes completen 250 horas de formación por sexenio (frente a las 100 habituales en la mayoría de comunidades autónomas), de las que 100 serían impartidas por la propia Dirección General. Para consolidar tramos anteriores, serían necesarias hasta 750 horas adicionales, sin posibilidad de reconocer formación ya realizada en exceso anteriormente.
El STEC denuncia que, mientras se exige un esfuerzo formativo desproporcionado, la mejora económica apenas se incrementa. Como ejemplo, señalan que el primer sexenio —el más común— solo subiría 5 euros, lo que consideran una propuesta «insultante».
A esta situación se suma lo que el sindicato califica como una «obsesión del Gobierno por controlar la formación del profesorado», algo que, según el STEC, responde a un intento de adoctrinamiento ideológico. En este sentido, han denunciado el cese de buena parte del equipo del Centro de Profesorado (CEP) de Santander, que será reemplazado por personal designado directamente por el Ejecutivo, en detrimento de quienes obtuvieron su puesto por méritos y proyecto.
Desde el sindicato también alertan de un posible intento de privatización de la formación permanente, debido a la elevada carga horaria propuesta en un contexto de saturación de los CEP. Reclaman una convocatoria pública basada en los principios de mérito, capacidad y transparencia, y piden que se respete la libertad del profesorado para escoger su formación entre las opciones homologadas por la administración educativa.
Finalmente, el STEC lamenta que aún no se haya convocado la comisión prevista por ley para revisar el Plan de Formación Permanente del Profesorado, y reitera su rechazo a cualquier intento de imponer contenidos desde la administración, exigiendo una negociación real y respetuosa con el colectivo docente.
