La Consejería de Educación ha endurecido significativamente los servicios mínimos para la huelga docente convocada este miércoles y jueves, generando un nuevo frente de conflicto con los sindicatos. El decreto publicado este lunes en el BOC obliga a todos los profesores de 2° de Bachillerato que preparan a alumnos para la PAU a acudir a sus centros, una medida que la Junta de Personal Docente califica de «ataque sin precedentes al derecho de huelga».
Según fuentes sindicales, los servicios mínimos se han incrementado en más de un 60% respecto a la última huelga de abril, pasando de 1.000 a más de 1.700 docentes obligados a trabajar. La Consejería justifica la medida alegando que «la preparación de la PAU está en juego», argumento que los profesores rechazan: «Los alumnos ya están preparados gracias a nuestro trabajo durante todo el curso», señalan, recordando que en abril no se aplicó esta restricción pese a estar en la misma situación académica.
El conflicto salarial se enquista
Mientras tanto, la negociación sobre la adecuación retributiva sigue estancada. La Consejería mantiene su oferta de 150 euros de mejora salarial, que los docentes consideran «insuficiente tras 17 años de congelación». «No es solo un tema económico, es una cuestión de dignidad profesional», afirman desde la Junta de Personal, que ha convocado concentraciones para ambos días de huelga.
La polémica se agrava por el precedente de la anulación de la huelga inicial del 21-22 de mayo, cuando la Administración rechazó erróneamente la convocatoria. «Primero intentaron prohibirnos protestar, ahora quieren vaciar de contenido nuestra huelga», denuncian los sindicatos, que han presentado un recurso urgente contra los servicios mínimos.
En los centros de educación especial, los servicios se equipararán a colegios con 800-900 alumnos, mientras que en el resto se aplicará una escala progresiva: desde un profesor mínimo para centros con 300-400 estudiantes hasta siete en aquellos que superen los 900. La designación prioriza a docentes con mayor antigüedad que no fueron servicios mínimos en abril.
Movilización reforzada
Los sindicatos han llamado a «secundar masivamente» la huelga y han pedido el apoyo de las familias: «No solo defendemos nuestro salario, sino la calidad de la enseñanza pública». Mientras, la Consejería insiste en que su oferta es «razonable» y acusa a los docentes de «perjudicar a los alumnos en un momento clave».
El pulso continúa sin visos de solución, con más de 8.000 docentes llamados a parar en unos días clave para los estudiantes de Bachillerato. Todo apunta a que las aulas cántabras vivirán una semana convulsa, con protestas en la calle y posible desobediencia civil ante unos servicios mínimos que muchos profesores consideran «ilegítimos».
