Los empleados públicos del Gobierno de Cantabria han recibido la paga extraordinaria de verano sin inconvenientes en sus cuentas bancarias, como es habitual en esta época del año. No obstante, para cumplir con esta obligación a tiempo, el Ejecutivo regional ha tenido que realizar un esfuerzo adicional. Debido a un problema temporal de tesorería, la Consejería de Economía se ha visto forzada a solicitar un crédito de 150 millones de euros. Este monto ha sido necesario para cubrir la paga extra, el salario ordinario de junio y otras facturas urgentes. Durante el debate sobre el estado de la región, la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, explicó que esta falta de liquidez se debe a los retrasos en las entregas a cuenta, los fondos que el Ministerio de Hacienda envía a las comunidades autónomas para asegurar su funcionamiento.
“La parálisis del Gobierno de España y su falta de acción tienen consecuencias graves para Cantabria, como el problema actual con las entregas a cuenta no actualizadas”, expresó la líder regional en respuesta al socialista Pablo Zuloaga, a quien acusó de que, en lugar de ayudar, el gobierno central pone obstáculos a la región. Según sus cálculos, desde enero han estado recibiendo 17 millones de euros menos cada mes de lo que deberían, acumulando un déficit de 102 millones de euros hasta junio.
Es cierto que esos fondos adicionales aún no han llegado, pero también es verdad que Cantabria no los había contemplado inicialmente, ya que su distribución se aprobó después de que el Presupuesto regional ya estuviera elaborado. En otras palabras, las partidas para el pago de nóminas se planificaron antes de que el Ministerio informara a la Consejería de Economía sobre esta inyección económica extra. Por esta razón, la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, rechaza rotundamente que la solicitud de este crédito sea responsabilidad del Estado, atribuyéndolo en cambio a una mala planificación por parte del Gobierno de Cantabria. Ella sostiene que esto se debe más bien a la «falta de gestión y control» del consejero, a quien ve «más preocupado por otros ámbitos,» y afirma que la situación «desmiente el argumento presentado”.
