El pleno del Parlamento de Cantabria ha sido escenario de decisiones trascendentales y debates intensos en su última sesión. Entre los acuerdos más destacados, se encuentra la aprobación unánime para instar al Gobierno central a reactivar de inmediato los trámites del estudio informativo del tren de altas prestaciones Santander-Bilbao, una iniciativa propuesta por el PRC y respaldada por todos los grupos parlamentarios, incluyendo PP, PSOE y Vox.
Por otro lado, también se ha alcanzado unanimidad en la moción presentada por Vox, relacionada con la formación de monitores para prevenir la violencia en el deporte, evidenciando la preocupación compartida por esta problemática en la sociedad actual.
Sin embargo, el pleno ha sido escenario de discordia en torno a las iniciativas relacionadas con el área logística de La Pasiega. Mientras que el PP ha logrado respaldo para reclamar al Gobierno central que se comprometa con la ejecución de la estación intermodal del polígono, la propuesta del PSOE en la que se instaba al Gobierno central a participar en la creación de la estación intermodal ha sido rechazada, generando discrepancias entre los diferentes grupos parlamentarios.
En otras áreas, como la relacionada con la atención a personas con dislexia, se ha aprobado una proposición no de ley presentada por el PRC para que el Gobierno regional adopte medidas que garanticen la igualdad de condiciones para los alumnos diagnosticados con esta condición durante la EBAU. Sin embargo, el PP ha votado en contra de esta iniciativa, mostrando diferencias de criterio en este ámbito.
El consejero de Salud, César Pascual, reconoció en el Parlamento la insuficiencia de la plantilla de limpieza en el Hospital Valdecilla, atribuyendo esta situación a limitaciones impuestas por el anterior Gobierno y prometiendo acciones para corregirlo. Sin embargo, fue objeto de críticas por parte de la diputada del PRC, Paula Fernández, quien acusó al Gobierno de actuar tardíamente ante el conflicto y de no supervisar adecuadamente el cumplimiento del contrato de limpieza, señalando discrepancias en el número de trabajadores y la calidad del servicio.
Pascual defendió la limpieza del hospital y afirmó que se han aplicado sanciones a la adjudicataria por incumplimientos, aunque estas hayan sido objeto de disputas legales. Ante las acusaciones de Fernández, el consejero instó a dejar de lado la polémica y concentrarse en resolver la situación, mientras que la diputada insistió en la responsabilidad del Gobierno en el manejo de este asunto, subrayando la importancia de una gestión transparente y efectiva en el prestigioso centro de salud.
