El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC), representante mayoritario en el ámbito educativo público de la región, ha expresado su preocupación por la existencia de 13 unidades privadas concertadas que no alcanzan el número mínimo de estudiantes exigido para recibir financiamiento público, contraviniendo las normativas establecidas.
STEC ha argumentado que si en las escuelas públicas se establece un mínimo de 25 alumnos por aula para considerar la división en grupos, la Consejería de Educación debe justificar por qué mantiene la financiación de dos unidades concertadas que cuentan con una matrícula de 25 alumnos o menos. El sindicato ha presentado una denuncia por escrito ante la Consejería de Educación, destacando que aplicando los mismos criterios utilizados para determinar el número de unidades en los centros públicos, deberían suprimirse este año 13 unidades de la red privada concertada de Cantabria. Estas unidades abarcan dos en la etapa de Infantil, ocho en Primaria y dos en la ESO.
STEC ha resaltado que la eliminación de estas trece unidades supondría un ahorro de 626.238 euros para las arcas públicas y afectaría a 13 de los 49 colegios concertados. Además, ha señalado el coste de mantener 15 unidades de Bachillerato, que supera los 1,3 millones de euros, sumando así casi dos millones de euros de gasto público. Esta situación, según el sindicato, plantea una competencia desleal en el acceso a la Universidad, una preocupación que ha sido también expresada por el Defensor del Pueblo en Navarra.
STEC ha manifestado su preocupación por lo que considera un trato preferencial hacia la enseñanza concertada, así como por otros asuntos como el desvío de recursos inicialmente destinados a centros públicos, como las pizarras digitales, y el incumplimiento de la concertación del servicio de Orientación. En opinión del sindicato, la Consejería está incrementando la dedicación horaria en la educación privada, lo que resulta en más horas para menos funciones, afectando a la calidad del servicio educativo en los centros públicos. En consecuencia, STEC considera necesario revisar estas prácticas y asegurar que la educación pública reciba el apoyo y los recursos necesarios para proporcionar una educación integral y equitativa para toda la comunidad.
