El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, ha levantado la voz sobre el creciente retraso en las solicitudes de ayudas económicas gestionadas por el área de Servicios Sociales.
Tras sostener varias reuniones con afectados y empleados del servicio, el edil ha revelado que el atasco de solicitudes se remonta al pasado mes de noviembre, afectando hasta ahora a más de 300 expedientes. Martínez ha subrayado que esta cifra es conservadora, considerando que cada expediente corresponde a una unidad familiar, no solo a individuos.
El concejal estimó que el número de afectados podría superar el millar, calificando esta situación de «indignante». Según sus averiguaciones, el servicio resuelve en promedio alrededor de 20 expedientes por semana, lo que implica que se requerirían varios meses para poner al día el servicio, sin considerar las solicitudes entrantes continuas.
Martínez ha lamentado la tardanza habitual en la respuesta a los afectados, que suele situarse en una media de seis meses, lo que convierte a las ayudas destinadas a emergencias en ineficaces debido a la dilación de los expedientes.
En respuesta a esta problemática, el concejal ha presentado una moción para el próximo pleno municipal, solicitando un refuerzo del servicio y una investigación sobre las causas de esta situación. Además, pedirá que se agilice la aprobación de una nueva Ordenanza Reguladora de Ayudas Económicas Municipales.
En la nueva ordenanza, Martínez ha solicitado que las ayudas no sean consideradas subvenciones, sino destinadas a gastos concretos de personas o unidades familiares con exclusión y emergencia social reconocida.
El concejal también ha instado a simplificar los trámites en la demanda de los Servicios Sociales y a ayudar al personal del servicio, que enfrenta una carga de trabajo acumulada en condiciones desfavorables debido a la escasez de personal en el área.
Martínez ha destacado la importancia de una respuesta rápida del área de Servicios Sociales, señalando que las facturas, el alquiler y los gastos no pueden esperar los seis meses de media que tardan las resoluciones.
