La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha lanzado un llamado a la colaboración y participación de los diversos sectores afectados por la futura ley de simplificación administrativa que está siendo desarrollada por el Gobierno regional. La iniciativa tiene como objetivo principal modificar varias leyes y decretos, con el propósito de incorporar medidas que reduzcan los tiempos de resolución y las cargas administrativas tanto para los ciudadanos como para las empresas.
En una carta dirigida a la CEOE-CEPYME, sindicatos, cámaras de comercio, colegios profesionales y la Universidad de Cantabria, Sáenz de Buruaga ha solicitado sus opiniones y aportaciones para la elaboración del borrador del anteproyecto de ley. Este borrador se someterá posteriormente al trámite conjunto de audiencia e información pública. Cabe destacar que la norma ya ha pasado por la fase de consulta, cuyo plazo concluyó el pasado 26 de diciembre.
La presidenta regional ha expresado la «urgencia y necesidad» de contar con esta ley en Cantabria y espera que pueda ser aprobada durante el presente año. Sáenz de Buruaga ha destacado que con esta legislación, el Gobierno busca ofrecer una respuesta «integral» a las trabas que supone para la actividad empresarial la burocracia y los procedimientos administrativos que suelen prolongarse en el tiempo. Además, se espera que esta medida facilite la actividad económica, atraiga inversiones y estimule nuevos proyectos empresariales en la región.
«Estamos cumpliendo uno de los compromisos marcados en esta legislatura con la reducción de los trámites administrativos, y queremos llevarlo a cabo haciendo partícipes de su redacción a todos los colectivos implicados con el fin de conseguir una norma consensuada, más eficiente y reforzada», explicó Buruaga.
La presidenta regional adelantó que el proyecto de ley se enfocará en simplificar al máximo los procedimientos administrativos, fomentando la declaración responsable o la comunicación previa en lugar del proceso de autorización, siempre garantizando la seguridad. Destacó que hay margen de mejora para eliminar obstáculos y facilitar la inversión en Cantabria.
En cuanto a las medidas de simplificación administrativa ya en marcha, Buruaga mencionó la tramitación recogida en la ley de control ambiental, la modificación de la ley del suelo, la agilización de las cédulas de habitabilidad y la introducción de la declaración responsable en la organización de ciertos eventos. Además, el Gobierno cántabro está realizando un estudio detallado de los 1.581 procedimientos administrativos existentes en las diferentes consejerías, con el objetivo de simplificar y eliminar trabas.
En relación con la contratación, se enfocarán esfuerzos en reducir los procesos, estableciendo criterios comunes para las empresas licitadoras y elaborando «pliegos base» comunes a toda la Administración Autonómica. Buruaga enfatizó que esto agilizará los trámites para los licitadores. También mencionó la eliminación de altos cargos en las mesas de contratación y el Plan de Transformación Digital para los ayuntamientos. Este plan, dotado con cerca de 800.000 euros, busca unir a las administraciones locales a la modernización del sector público.
