La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha anunciado que continuará abono mensual de las ayudas al alquiler, garantizando que este pago se realice también en enero, un mes en el que, históricamente, los beneficiarios no recibían la subvención debido a la transición entre presupuestos. Este cambio es un avance significativo para las cerca de 1.300 personas que se benefician de estas ayudas, entre las que un centenar se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y que hasta ahora experimentaban retrasos durante el mes de enero, lo que obligaba a muchas familias a afrontar meses críticos sin el apoyo económico necesario.
Roberto Media, titular de la Consejería, ha destacado que esta medida representa «un cambio fundamental» en la gestión de las ayudas al alquiler, y ha subrayado que, con esta decisión, el Gobierno no solo muestra su voluntad política, sino también una mejor planificación. El consejero ha afirmado que el pago de las ayudas en enero «sienta un precedente positivo» y garantiza que los derechos de los beneficiarios no se verán comprometidos por cuestiones administrativas, lo que genera mayor estabilidad a los hogares dependientes de estas ayudas.
El Gobierno de Cantabria ha asegurado que este año se ha dado prioridad a garantizar que el inicio del ejercicio presupuestario no interfiera con el abono mensual de las ayudas, que ascienden, de media, a unos 298 euros por beneficiario. «La continuidad y la regularidad en el cobro mensual de las ayudas es un ejemplo de cómo la gestión pública puede adaptarse para priorizar las necesidades de la ciudadanía», ha expresado Media.
Además, esta medida evitará los riesgos de impagos, endeudamiento e incluso la pérdida de viviendas alquiladas. También busca fortalecer la confianza entre los arrendadores e inquilinos, garantizando que los primeros no cuestionen la capacidad de pago de los segundos.
Según Media, las mejoras implementadas «no solo reducirán la vulnerabilidad económica de las familias, sino que también reforzarán el impacto positivo de las políticas públicas en el ámbito de la vivienda». Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno con el bienestar de los ciudadanos y con una gestión pública más eficiente y adaptada a las necesidades sociales.