El Consejo de Gobierno de Cantabria dará luz verde este jueves a un convenio marco de colaboración con el Ayuntamiento de Argoños que tiene como objetivo facilitar la ejecución de las sentencias de derribo dictadas contra viviendas ilegales en el municipio. El acuerdo, adelantado por el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Media, permitirá al Gobierno regional prestar asistencia técnica, jurídica y económica al Consistorio en aquellos expedientes en los que la responsabilidad sea exclusivamente municipal, con el fin de que los propietarios afectados cuenten con “mucha más garantía” en el proceso.
Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el documento está previsto que sea debatido este miércoles en el Pleno municipal de Argoños para su aprobación. Una vez ratificado, el convenio permitirá articular la colaboración entre ambas administraciones para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que ordenan la demolición de viviendas construidas al margen de la legalidad urbanística. El consejero ha explicado que el objetivo es determinar cuántos propietarios optan por una vivienda de sustitución y cuántos prefieren una indemnización, para aplicar de manera inmediata los mecanismos establecidos en el acuerdo.
El anuncio se produce en un contexto de creciente presión por parte de los afectados por los derribos, que han reclamado “certezas y no promesas” tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños. Frente a esta situación, Media ha avanzado que el Gobierno de Cantabria presentará en septiembre u octubre un plan de actuación detallado sobre las sentencias de derribos en la comunidad, que incluirá a todos los ayuntamientos afectados: Argoños, Piélagos, Escalante y Arnuero. Este plan recogerá plazos concretos para que se conozcan los avances de los trámites correspondientes y se pueda hacer un seguimiento de la ejecución de las sentencias.
El consejero ha recordado que el Gobierno regional, en colaboración con el Ayuntamiento de Argoños, ha decidido no recurrir al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) tras analizar “todas las posibilidades jurídicas”. De este modo, el Ejecutivo va a empezar a trabajar en la aplicación de los convenios firmados con los afectados, que deberán elegir entre viviendas de sustitución o indemnización. Media ha subrayado que el convenio con Argoños forma parte de una estrategia más amplia para dar respuesta a un problema que afecta a varios municipios de la región y que requiere una coordinación estrecha entre las distintas administraciones implicadas.
El acuerdo se enmarca en la política del Gobierno de Cantabria de agilizar los planeamientos urbanísticos en aquellos lugares donde sea posible conseguir la legalización de un determinado número de viviendas, así como acelerar los pagos de indemnizaciones y los derribos consecuentes de aquellas viviendas que no puedan ser regularizadas. El Ejecutivo regional ha estimado un presupuesto de entorno a 23 millones de euros para hacer frente a estas actuaciones, de los cuales aproximadamente la mitad está destinada a indemnizaciones y la otra mitad a la construcción de viviendas sustitutorias.
El convenio con Argoños permitirá al Gobierno regional actuar como cooperador del Ayuntamiento en los expedientes de responsabilidad exclusivamente municipal, lo que supondrá un respaldo técnico y económico para el Consistorio en la ejecución de las sentencias. Esta fórmula de colaboración ya ha sido utilizada en otros municipios afectados por sentencias de derribo y ha permitido articular soluciones para los propietarios de las viviendas ilegales, bien mediante la construcción de nuevas viviendas en suelo urbano disponible, bien mediante el pago de indemnizaciones.
El consejero ha mantenido este sábado una reunión con los vecinos afectados para explicarles los detalles del acuerdo y responder a sus preguntas. Durante el encuentro, Media ha informado a los afectados de que las gestiones de los respectivos proyectos básicos y solicitudes de las nuevas licencias municipales serán apoyadas económica y técnicamente por la Consejería. Con la aprobación del Plan General, la implicación de los afectados consiste en encargar un proyecto básico adaptado al nuevo planeamiento, que gracias a los convenios establecidos será costeado por la Consejería por medio del Fondo de Derribos.
La contratación de esos proyectos, ha explicado el consejero, debería corresponder a los titulares de las viviendas que tengan suscrito el convenio con la Consejería, que también se encargaría de los costes de las respectivas presentaciones de las licencias municipales. Media ha terminado sus explicaciones destacando la colaboración que mantiene con los ayuntamientos y ofreciendo el equipo de la Consejería para resolver cualquier duda que pueda presentarse en la tramitación de los proyectos o solicitudes de las licencias.
El problema de las viviendas con sentencia de derribo en Argoños se remonta a hace más de una década, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictó varias sentencias que ordenaban la demolición de construcciones realizadas al margen de la legalidad urbanística. En total, hay 255 viviendas con sentencia de derribo en el municipio, aunque la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana ha permitido que algunas de ellas puedan ser legalizadas y se salven de la demolición.
El nuevo planeamiento, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en diciembre de 2022, disminuye hasta los 6.523 habitantes la población prevista en el plan anterior de 2006 y permite que los propietarios de Argoños conozcan en qué situación se encuentran sus viviendas. En casos concretos, los propietarios pueden solicitar la licencia para su legalización, la indemnización correspondiente o, si fuera posible, solicitar una nueva vivienda en sustitución en el suelo urbano próximo que estuviera disponible.
El convenio que aprobará el Gobierno este jueves se suma a los 326 convenios o encomiendas que el Ejecutivo regional ha firmado en los últimos años para articular la ejecución de sentencias de derribo en diferentes municipios de Cantabria. Estos acuerdos han permitido establecer un marco de colaboración entre el Gobierno regional y los ayuntamientos afectados para dar respuesta a un problema que afecta a cientos de familias y que requiere una solución coordinada y eficaz.
