El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, una partida de 236.422 euros para Cantabria destinada a la acogida de infancia migrante no acompañada. La decisión forma parte de un reparto global de 35 millones de euros aprobado por el Ejecutivo para distribuir entre comunidades autónomas y ciudades autónomas.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que el Gobierno “vuelve a demostrar su compromiso con la infancia” y ha subrayado que España es “un país de referencia en la acogida solidaria de infancia migrante no acompañada y los derechos humanos”. Según sus palabras, el mecanismo de acogida solidaria y vinculante aprobado por el Ejecutivo ha funcionado y las comunidades han contado con el apoyo del Estado para hacerlo posible.
Rego también ha señalado que este nuevo crédito responde al esfuerzo que está realizando el Gobierno de España para sostener los sistemas autonómicos de acogida y para garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. La financiación, según ha explicado, pretende reforzar la atención a menores que llegan solos y necesitan una respuesta inmediata por parte de las administraciones públicas.
En el reparto aprobado hoy, las comunidades y ciudades autónomas con mayor presión migratoria han recibido las cuantías más elevadas. Canarias obtiene 4 millones de euros, Illes Balears 2 millones, Ceuta 5,5 millones y Melilla 4 millones, al considerar el Ejecutivo la tensión a la que están sometidos sus sistemas de acogida por su situación geográfica y por el número de menores atendidos.
El resto de la partida se distribuye entre las demás comunidades autónomas en función de la acogida actual de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. En ese grupo, Cantabria figura con una dotación de 236.422 euros, una de las más reducidas del reparto, pero incluida en el mismo mecanismo de financiación estatal para reforzar la atención a estos menores.
Las transferencias podrán destinarse a actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida la escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social, además de servir para ampliar plazas dentro del sistema de acogida. Con este nuevo acuerdo, el Gobierno intenta sostener la capacidad de respuesta de las comunidades en un ámbito especialmente sensible por la presión que soportan algunos territorios de llegada.
