La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria ha denunciado que la Consejería de Educación prepara para el curso 2026-2027 el mayor recorte de plantilla docente y de unidades de Infantil y Primaria desde 2012, en pleno contexto de crisis y ajustes. A falta de confirmación oficial por parte del departamento que dirige Sergio Silva, el borrador de cupos remitido a la representación sindical, según el sindicato, confirma el alcance de una medida que llevaba semanas bajo sospecha.
Según CCOO, el ajuste supondría la pérdida de más de 160 plazas docentes en la comunidad, concretamente 55 en Educación Infantil, 80 en Primaria y otras 27 en Atención a la Diversidad, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. A esa merma de personal se añadiría, siempre según la información trasladada a la Federación por equipos directivos y profesorado de distintos centros, la supresión de más de 30 unidades de Infantil y Primaria.
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha asegurado que el sindicato ya venía advirtiendo desde hace semanas de la posibilidad de un recorte de gran alcance. Como ejemplo, ha citado el CEIP Pedro del Hoyo, donde, según ha explicado, se plantea eliminar una de las aulas de 3 años pese a contar con 21 alumnos y alumnas y con matrícula extraordinaria aún pendiente.
Sánchez ha denunciado además que en otros centros no se están asignando apoyos para cubrir las horas de docencia de dirección y que, en muchos casos, el profesorado interino que se incorpore en especialidades como música, inglés o educación física se encontrará con horarios sobrecargados por otras tareas. A su juicio, este escenario se agravará en aquellos colegios donde la eliminación de unidades conlleve también la pérdida de horas de coordinación de planes y proyectos.
La representante sindical ha ido más allá al advertir de que este recorte puede dejar fuera de la enseñanza pública a personal interino que lleva años trabajando en Cantabria e incluso obligar a funcionarios de carrera a cambiar de centro porque su plaza dejaría de existir. En sus palabras, se trataría de “un absoluto desastre” y de una decisión de enorme gravedad para el sistema educativo público.
La Federación ha puesto también el foco en varios centros concretos donde, según ha señalado, se perderían tres docentes en los CEIP Leonardo Torres Quevedo, Ramón Laza, Juan de Herrera, Jesús Cancio o Buenaventura González. Son, a juicio de CCOO, ejemplos de un ajuste que no se limitaría a una reducción puntual, sino que afectaría a la estructura misma de la enseñanza pública en la comunidad.
Para Sánchez, las cifras que maneja la organización sindical son especialmente preocupantes porque implican, según ha dicho, “un recorte brutal” y “un atentado” contra la calidad educativa. La unión de aulas y la desaparición de profesorado, ha argumentado, supondrán una mayor carga para los equipos directivos, que tendrán que asumir más tutorías y más responsabilidad organizativa con menos recursos humanos.
El sindicato ha extendido además su llamamiento a las asociaciones de madres y padres del alumnado y a la federación que las agrupa, FAPA, con la intención de articular un frente común de rechazo. CCOO sostiene que ya han recibido quejas de familias que quieren escolarizar a sus hijos en el mismo centro donde estudian sus hermanos mayores y que no están encontrando facilidades para hacerlo, lo que complica la organización doméstica y la conciliación.
La Federación de Enseñanza considera que la comunidad educativa debe ser consciente de la magnitud del problema y no reducirlo a una discusión laboral entre docentes y Administración. A su juicio, el recorte afecta directamente al alumnado, a la calidad de la enseñanza y al funcionamiento interno de los centros, por lo que advierte de que el próximo curso no debería comenzar con normalidad si la Consejería sigue adelante con esta planificación.
En esa línea, CCOO ha adelantado que planteará a la Junta de Personal Docente la adopción de medidas contundentes y no descarta volver a impulsar una huelga. El sindicato insiste en que la situación es “intolerable” y que no puede dejarse pasar sin una respuesta firme por parte de la comunidad educativa.
