El Ayuntamiento de Santander ha elevado al Juzgado de Instrucción número 1 una solicitud formal para que la jueza instructora impute al ingeniero Manuel Méndez Baliela, responsable técnico de la empresa Fronda Ingeniería y Sistemas de Construcción en Madera, por su rol en el diseño de la pasarela peatonal de El Bocal que colapsó el pasado 3 de marzo, causando la muerte de seis jóvenes y heridas graves a otra persona.
La petición se basa en documentación aportada recientemente por la Demarcación de Costas en Cantabria, que revela discrepancias significativas entre el proyecto definitivo visado por Méndez Baliela en julio de 2014 —durante la ejecución de las obras de la senda costera— y los planes iniciales aprobados en 2003, así como las modificaciones posteriores y el proyecto refundido de 2012 que sirvió de base para la adjudicación.
Según el escrito municipal, el diseño firmado por el ingeniero no coincidía con las especificaciones estructurales originales, lo que podría haber contribuido a los fallos que precipitaron el derrumbe de la pasarela, instalada sobre una grieta geológica en la playa de El Bocal. Esta infraestructura, parte de la senda peatonal entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, estaba bajo titularidad y mantenimiento exclusivo de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
La magistrada ya ha imputado previamente a dos altos funcionarios de Costas —el jefe del Servicio de Proyectos y Obras y el director técnico de la Demarcación— por presunta negligencia en el mantenimiento, concluyendo que este organismo era el único competente para su conservación. No obstante, el Ayuntamiento insiste en que la declaración del ingeniero resulta «determinante» para esclarecer las decisiones técnicas adoptadas durante la fase constructiva, incluyendo posibles modificaciones no comunicadas.
El colapso, ocurrido cuando un grupo de jóvenes transitaba por la estructura de madera, generó una profunda conmoción en Santander y abrió una investigación judicial que analiza responsabilidades desde el diseño hasta el uso. El Ayuntamiento, que nunca recepcionó las obras ni las finalizó, ha reiterado su «plena disposición» a colaborar con la Justicia, aportando toda la documentación requerida.
Fuentes municipales han cuestionado por qué los cambios en el diseño «nunca fueron comunicados» ni figuran en los expedientes conocidos, demandando claridad sobre las garantías estructurales aplicadas a la solución constructiva final. Fronda Ingeniería fue la adjudicataria encargada de fabricar e instalar la pasarela, cuya viabilidad se vio comprometida por la inestabilidad del terreno grieta de El Bocal.
La instructora, que mantiene abiertas múltiples líneas de investigación, podría citar a Méndez Baliela en las próximas semanas para que preste declaración sobre el proyecto de 2014, visado en plena ejecución y discrepante con los precedentes. Esta diligencia se suma a peritajes en curso sobre las causas del fallo estructural, que apuntan a fatiga de materiales y deficiencias en el anclaje a la roca caliza.
El Ayuntamiento ha defendido en comparecencias previas que desconocía alteraciones al proyecto original de 2003, aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, y que Costas asumió íntegramente la ejecución y puesta en servicio. La solicitud de imputación busca, por tanto, delimitar responsabilidades técnicas en un siniestro que ha conmocionado a la ciudad y generado demandas de transparencia total.
Precedentes judiciales en Cantabria, como el derrumbe de 2007 en el Cabildo de Arriba —donde un juez imputó homicidios imprudentes a un ingeniero por negligencia en rehabilitación—, refuerzan la viabilidad de esta vía contra profesionales técnicos. El caso Bocal mantiene a la ciudadanía pendiente de los avances, con el Ayuntamiento posicionándose como actor activo en la búsqueda de verdad y justicia.
La pasarela, concebida como mirador sobre la grieta, formaba parte de una senda costera de alto valor paisajístico, pero su diseño final generó controversias desde su inauguración. Expertos consultados coinciden en que las discrepancias detectadas podrían ser pivotales para determinar si fallos en el proyecto contribuyeron al trágico desenlace.
El proceso judicial, abierto desde el día del colapso, ha incorporado informes de la Demarcación de Costas que detallan la evolución del expediente, desde el plan de 2003 hasta las modificaciones de 2012 y el visado de 2014. La imputación solicitada contra el ingeniero podría ampliar el foco investigativo más allá de las obligaciones de mantenimiento estatal.
En paralelo, familias de las víctimas han constituido acusación particular, apoyando diligencias como esta para agotar todas las vías de esclarecimiento. El Ayuntamiento reitera su respeto al proceso y su compromiso con la memoria de los fallecidos mediante mejoras en infraestructuras costeras bajo su competencia.
