El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha presentado alegaciones al estudio informativo del tren de altas prestaciones entre Santander y Bilbao dentro del periodo de información pública, que concluye este jueves. En ellas, el partido defiende la “urgencia y necesidad” de acometer esta infraestructura, reclama su desarrollo completo entre ambas capitales y solicita la puesta en marcha de un proceso de diálogo con los municipios afectados para minimizar el impacto territorial del proyecto.
El vicesecretario de Organización del PRC, Jesús Ochoa, ha sido el encargado de dar a conocer el contenido de las alegaciones, subrayando que esta conexión resulta “clave” para garantizar la cohesión y el futuro económico y social de la comunidad. Ochoa advierte de que Cantabria no puede quedar al margen de los principales ejes de movilidad y desarrollo que vertebran el norte peninsular, ni seguir sin una conexión ferroviaria moderna comparable a la de las comunidades vecinas.
En su opinión, la falta de un tren de altas prestaciones competitivo está contribuyendo al estancamiento de Cantabria y a una pérdida progresiva de población y actividad económica “que los cántabros no están dispuestos a aceptar y que tanto el Gobierno de España como el de Cantabria deben evitar”.
El dirigente regionalista también ha cuestionado las conclusiones del estudio de demanda elaborado por el Ministerio, que plantea un panorama de fuerte deterioro económico para la comunidad a finales de siglo. Ochoa considera que dichos cálculos son “catastrofistas y sesgados”, al entender que intentan restar legitimidad a la construcción del tren. “Si realmente se prevén esos efectos, lo lógico sería que el Estado actuara de inmediato con políticas activas de cohesión territorial”, ha subrayado.
Entre los argumentos que sostienen las alegaciones, el PRC apunta a los datos de movilidad por carretera, que muestran que el tráfico principal se concentra hacia el este, en dirección a Bilbao, con una intensidad media diaria de 56.000 vehículos, muy superior a la registrada con la Meseta (13.000) o con Asturias (11.000).
Respecto a la tramitación del proyecto, el partido lamenta la falta de coordinación institucional y el escaso seguimiento desde que se hizo público el estudio informativo. Asimismo, critica que se haya planteado ejecutar únicamente el tramo Bilbao–Castro Urdiales, y no el recorrido completo entre las dos capitales, lo que —según advierte— “restaría sentido y funcionalidad a la infraestructura”.
El PRC también alerta del impacto social de algunas de las alternativas recogidas en el documento, como las denominadas A1 y C1, que afectarían a un número considerable de edificaciones y forzarían numerosas expropiaciones, llegando en algunos casos a empresas, centros educativos e incluso edificios religiosos. Ochoa denuncia que estas propuestas se han elaborado sin escuchar previamente a los ayuntamientos ni a los vecinos directamente afectados.
Por ese motivo, los regionalistas reclaman abrir un proceso de diálogo con las administraciones locales y los colectivos vecinales para revisar alternativas y reducir las afecciones sociales, económicas y urbanísticas, con el objetivo de lograr “una aceptación social mayoritaria” del trazado definitivo.
Además, el partido reivindica que el estudio informativo mantenga su carácter unitario, contemplando el conjunto del recorrido Santander–Bilbao, y que se conserven tanto los tiempos de viaje como las condiciones técnicas previstas inicialmente. También propone que la nueva plataforma ferroviaria incorpore paradas en Colindres-Laredo y Castro Urdiales, permitiendo compatibilizar los servicios directos con trenes de media y corta distancia que mejoren la movilidad en todo el corredor oriental de Cantabria.
Con estas alegaciones, el PRC reitera su apuesta por una conexión ferroviaria moderna y completa con el País Vasco, que considera esencial para la competitividad de la comunidad y para garantizar su integración en los grandes ejes económicos y sociales del norte de España.
