El proyecto de presupuestos generales de Cantabria para 2026 comenzará su tramitación parlamentaria este viernes, 7 de noviembre, con el objetivo de que las nuevas cuentas autonómicas puedan entrar en vigor el 1 de enero, tras su aprobación y publicación en el Boletín Oficial de la comunidad.
El calendario de debate, aprobado este lunes por la Mesa del Parlamento, fija el pleno final de votación para el lunes 22 de diciembre. El texto, registrado en la Cámara el pasado 31 de octubre por el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, define los plazos de trabajo de una tramitación que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga quiere culminar antes de fin de año.
El proceso arrancará este viernes a las 14.00 horas, momento en el que expira el plazo para solicitar las comparecencias de los miembros del Gobierno, así como de otras autoridades o funcionarios ante la Comisión de Economía. Apenas cinco minutos después, la Mesa de dicha comisión se reunirá para fijar el calendario definitivo de las comparecencias.
Entre los días 11 y 14 de noviembre, del martes al viernes de la próxima semana, los consejeros del Gobierno regional expondrán las principales líneas presupuestarias de sus departamentos, en sesiones que se celebrarán en la Comisión de Economía.
Tras estas comparecencias, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, que finalizará el 20 de noviembre a las 14.00 horas. El debate de totalidad tendrá lugar el lunes 24, a partir de las 10.00 horas, en el Pleno del Parlamento.
En caso de que ninguna enmienda a la totalidad prospere, los grupos dispondrán hasta el 1 de diciembre a las 12.00 horas para registrar sus enmiendas parciales, que se discutirán los días 11, 12 y 16 de diciembre en comisión.
El dictamen resultante se elevará finalmente al Pleno previsto el 22 de diciembre, jornada en la que los diputados votarán las cuentas públicas de la comunidad. Si el calendario se cumple, los presupuestos estarán listos para entrar en vigor el 1 de enero de 2026, garantizando la continuidad de la actividad administrativa y financiera del Gobierno cántabro.
