El futuro Campus Tecnológico de Centro de Datos ‘Altamira’, que se ubicará en los municipios cántabros de Piélagos y Villaescusa, promete ser una referencia nacional por su eficiencia energética y bajo impacto ambiental. Según el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, este centro “consumirá menos energía eléctrica que cualquier otro en España”, no requerirá agua para refrigeración y se conectará al sistema mediante una solución eléctrica “sencilla” y sin coste para la red nacional.
Así lo explicó este lunes en el Parlamento de Cantabria, donde subrayó que el proyecto será declarado “en los próximos días” como Proyecto Empresarial Estratégico para agilizar su tramitación. La iniciativa, liderada por el fondo Stoneshield Capital a través de su filial XDC Properties, supondrá una inversión de más de 3.600 millones de euros, la mayor en la historia de Cantabria, y permitirá la creación de unos 1.500 empleos.
El centro estará vinculado a la subestación eléctrica de Penagos, considerada un nodo “robusto y apto para grandes demandas”. No obstante, es necesaria la inclusión de dos nuevas posiciones en la planificación estatal de la Red de Transporte Eléctrico 2026-2030, decisión que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Arasti insistió en que esta modificación no implicaría gasto público, ya que sería sufragada por la propia promotora.
El consejero pidió al Gobierno central que no frene lo que considera una “oportunidad histórica”, y comparó su impacto con el de la alta velocidad ferroviaria, destacando que, si bien una transporta personas, el centro de datos transportará “riqueza, empleo y bienestar”.
Un hub digital en tres fases
Altamira se desarrollará en tres fases sobre una superficie superior a los 370.000 metros cuadrados. La primera comenzará en enero de 2026 tras la aprobación de un Plan Singular de Interés Regional (PSIR) que ya ha sido redactado. Las fases dos y tres arrancarían a partir de noviembre de 2028, con vistas a que el centro esté completamente operativo en 2032.
El centro consumirá 500 megavatios una vez completado, aunque en las fases iniciales la demanda será de 100 y 200 MW, respectivamente. Arasti destacó que, en paralelo, Cantabria multiplicará por cinco su capacidad de generación eléctrica gracias a nuevos parques eólicos y la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo.
Otros factores que refuerzan la viabilidad del proyecto son el clima “excepcional” de la región —que elimina la necesidad de refrigeración por agua— y la cercanía al cable submarino Anjana de Meta, que conecta Santander con Estados Unidos.
Reacciones de la oposición y críticas a la transparencia
Aunque PRC, PSOE y Vox han mostrado su apoyo general al proyecto por su potencial económico y laboral, también han planteado dudas sobre su impacto energético, ambiental y en la ciberseguridad. Además, han acusado al Gobierno cántabro de falta de transparencia por no compartir la documentación completa.
Desde el PSOE, Ana Belén Álvarez alertó del consumo energético y el impacto sonoro del centro, pidiendo equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. Vox expresó su apoyo condicionado al cumplimiento de garantías técnicas y criticó que muchos proyectos emblemáticos anunciados por el Ejecutivo no han llegado a materializarse. Por su parte, el PRC pidió cautela y advirtió del riesgo de que Cantabria se convierta en simple “proveedora de suelo barato”.
Arasti respondió que “nadie más interesado en la transparencia que este Gobierno” y defendió que el proyecto colocará a Cantabria “entre los grandes hubs tecnológicos europeos”, atrayendo empresas como Meta, Google o Amazon.
APROBADA LA PRIMERA LEY DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA
El Parlamento de Cantabria aprobó este lunes en Pleno la primera Ley de Juventud de la comunidad autónoma, un texto que, aunque fue respaldado por el PP y el PRC, ha provocado un intenso debate político. La normativa, que nació tras años de demandas, fue aprobada sin el consenso de la oposición, y la falta de acuerdo sobre algunos puntos clave ha dejado a varios grupos políticos insatisfechos. La ley, compuesta por 35 artículos y varias disposiciones adicionales, introduce una serie de medidas destinadas a mejorar las oportunidades de los jóvenes cántabros, pero también ha generado divisiones sobre su contenido y sus objetivos.
Entre los aspectos más destacados de la nueva ley se incluyen la creación de un cupo específico de viviendas para jóvenes, cuyo tamaño se determinará más adelante, y la progresiva gratuidad del transporte público, con especial atención a los habitantes del medio rural. Además, se contempla la posibilidad de ofrecer educación gratuita para estudiantes con un rendimiento académico destacado y el diseño de planes y programas específicos para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, a través de ayudas y subsidios.
El PRC, principal impulsor de la ley, y la consejera de Juventud, Begoña Gómez del Río (PP), se felicitaron por la aprobación de una normativa que calificaron como «una necesidad histórica» para Cantabria, al ser una de las pocas comunidades autónomas que carecían de una ley específica para este colectivo. Gómez del Río destacó que la ley responde a un enfoque «alejado de posturas ideológicas», pensada tanto para el presente como para el futuro, y subrayó que con ella se garantiza la integración social, política y económica de los más de 90.000 jóvenes cántabros.
Por su parte, Rosa Díaz, portavoz del PRC, celebró que la ley, aunque modificada durante su tramitación, mantiene «la esencia» del texto original presentado por su grupo, cuyo eje central es el Plan Integral de Juventud. Este plan, explicó Díaz, permitirá una regulación más coherente de las políticas dirigidas a la juventud, que hasta ahora se encontraban dispersas entre diferentes consejerías. Además, destacó que la ley promueve la emancipación de los jóvenes y busca darles las mismas oportunidades, sin importar su lugar de residencia.
El PP: «Es la mejor ley de juventud de España»
Álvaro Aguirre, diputado del PP, defendió con vehemencia la ley, asegurando que Cantabria dispone ahora de «la mejor ley de juventud de España». Aguirre acusó al PSOE de no haber logrado avances sustanciales en este ámbito durante su etapa de gobierno, refiriéndose a la legislatura pasada como un «periodo de oportunidades perdidas». También mencionó el polémico caso de Alicia Renedo, exdirectora general de Juventud, cuya dimisión en 2023 estuvo vinculada a la adjudicación irregular de un contrato. Según Aguirre, con la aprobación de esta ley se cierra una «laguna normativa» que había lastrado a Cantabria durante años.
PSOE: «Una ley vacía y carente de ambición»
El PSOE, por su parte, mostró su descontento con el texto final, tras haber presentado más de 70 enmiendas que fueron en su mayoría desestimadas. Los socialistas acusaron al PP y al PRC de haber «desvirtuado» la ley, transformándola en un texto «domesticado y ambiguo», con concesiones conservadoras que, a su juicio, restan contenido a principios clave como la participación juvenil y el compromiso con la igualdad y la diversidad. Jorge Gutiérrez, diputado socialista y exdirector general de Juventud, expresó que, aunque la ley contiene elementos positivos, se trata de una «oportunidad perdida» para hacer una reforma más ambiciosa y transformadora. Pese a las críticas, el PSOE optó por abstenerse en la votación, adoptando una postura de «abstención vigilante», con la esperanza de que la ley pueda mejorarse en su aplicación.
Vox y Cristóbal Palacio: Críticas al «nacionalismo de Cantabria» y al «privilegio juvenil»
Vox, por su parte, votó en contra de la ley, al considerar que contiene elementos que «siembran un embrión de discordia» y promueven un «nuevo nacionalismo cántabro». El diputado de Vox, Armando Blanco, criticó particularmente un artículo que hace referencia a la promoción de la cultura y el habla tradicional cántabra, sugiriendo que esta es una maniobra para impulsar un «regionalismo» que, según su visión, podría dividir a la sociedad. Además, Blanco lamentó que sus 46 enmiendas fueran desestimadas sin mayor consideración.
Cristóbal Palacio, diputado tránsfuga de extrema derecha, también mostró su rechazo a la ley, calificándola de «innecesaria» y «privilegiadora» para los jóvenes. Palacio argumentó que la ley transmite un mensaje equivocado, alentando a los jóvenes a depender del Estado en lugar de fomentar el esfuerzo personal. «Pretender que los jóvenes empiecen con ventajas no es la solución», sentenció
OTROS ASUNTOS
El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con el respaldo unánime de toda la oposición —PRC, PSOE, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio—, una proposición que insta al Gobierno de Cantabria a publicar las plazas de médicos de difícil cobertura, haciendo especial hincapié en la necesidad urgente de incluir un pediatra en la comarca de Liébana.
La propuesta, impulsada por el PRC, subraya que el Ejecutivo debe publicar estas plazas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), tras la correspondiente valoración en la Mesa sectorial de Sanidad. Para reforzar la medida, Vox presentó una enmienda en la que solicita que, además de la publicación de las plazas, se habiliten incentivos adecuados para cubrir las necesidades de asistencia médica en los municipios rurales, especialmente en aquellas localidades que corren el riesgo de despoblación.
Paula Fernández, diputada del PRC, fue la encargada de destacar la importancia de cubrir las vacantes de médicos ante las jubilaciones y bajas que enfrenta la región. Fernández acusó al Gobierno de no haber actuado con antelación en la cobertura de estas plazas y lamentó que Cantabria haya llegado tarde al concurso de traslados, que se ha resuelto recientemente con un retraso de más de dos años, lo que ha dilatado la llegada de nuevos profesionales hasta octubre. En su intervención, la diputada expresó que es esencial que los médicos puedan formarse y desarrollarse profesionalmente en el ámbito rural, subrayando que «no vendrá ningún médico a un lugar sin oportunidades de crecimiento o conciliación de la vida familiar y laboral.»
Desde Vox, la diputada Natividad Pérez también centró su intervención en la situación de Liébana, un valle de más de 4.500 habitantes, donde actualmente no se cuenta con pediatra. Pérez alertó de que sin la presencia de este tipo de profesionales, no solo se ve afectada la natalidad y el arraigo familiar, sino que también se intensifica la emigración hacia otras regiones. Según Pérez, «la familia necesita tener a su pediatra a 15 minutos, no a hora y media por un puerto de montaña», y añadió que la creación de incentivos ligados a la delimitación de municipios con riesgo de despoblación evitaría «improvisaciones y despilfarros».
Raúl Pesquera, diputado socialista, se unió a las críticas, asegurando que la situación en Atención Primaria es una prueba de la falta de planificación por parte del Gobierno autonómico. Pesquera no solo cuestionó la respuesta institucional frente a la falta de médicos en el verano, sino que también se mostró tajante al considerar que el problema no es «casual», sino una cuestión ideológica. En ese sentido, hizo un llamado a garantizar una vacante de pediatría en Liébana cuanto antes.
Por su parte, Ángel Vargas, del PP, aprovechó la ocasión para recalcar que durante el mandato del PRC-PSOE, Cantabria cerró hasta 27 consultorios, mientras que en la actualidad, el Gobierno del PP está trabajando para mantener abiertos los centros rurales. A su juicio, «el principal problema es la falta de médicos», y atribuyó la carencia de bolsas de médicos disponibles a decisiones equivocadas tomadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no ha priorizado la formación y contratación de personal médico en los últimos años.
El Centro de Salud de Reinosa: Una Promesa en Suspenso
En otro de los temas abordados, el Pleno aprobó de manera unánime una propuesta del PSOE en la que se exige al Gobierno regional que informe sobre el plan de rehabilitación y cronograma de apertura del centro de salud de Reinosa. La iniciativa pide que las obras necesarias estén finalizadas para poder reabrir el centro en el segundo semestre de 2026.
Raúl Pesquera (PSOE) insistió en que los vecinos de Reinosa siguen preocupados por la situación del centro de salud, que se desplomó parcialmente en 2024 debido a las malas condiciones del edificio. Por su parte, Paula Fernández (PRC) criticó la falta de planificación y el «abandono» del Ejecutivo con respecto a este asunto, mientras que Natividad Pérez (Vox) recordó que, desde el colapso del techo, 11.000 vecinos han tenido que trasladarse al Hospital Tres Mares o incluso a Valdecilla. «Esto es una clara vulneración del principio de igualdad», afirmó.
Ángel Vargas, del PP, también se refirió a la situación, destacando que la responsabilidad de lo ocurrido recae en el anterior gobierno del PRC-PSOE, que dejó al centro de salud de Reinosa en condiciones «lamentables». Aseguró que el Gobierno de Cantabria está comprometido con la rehabilitación del centro y que se están tomando las medidas necesarias para asegurar su reapertura.
Unánime Apoyo a la Moción para Reducir la Brecha Digital
Finalmente, el Pleno aprobó por unanimidad una moción de Vox que busca reducir la brecha digital en las zonas rurales de Cantabria. La propuesta, defendida por Natividad Pérez, insta al Gobierno a dotar de transparencia al plan ‘Conecta Cantabria’, que tiene como objetivo extender la banda ancha en las zonas rurales. La moción también pide priorizar el despliegue de redes de fibra óptica y soluciones alternativas, como la tecnología satelital, en las áreas más afectadas por la falta de cobertura.
La diputada Pérez destacó que esta iniciativa no solo busca mejorar la conectividad en Cantabria, sino también generar oportunidades en los núcleos rurales, que carecen de los mismos servicios que las zonas urbanas. «Es necesario dar un paso hacia la igualdad digital para evitar que sigamos perdiendo talento y población en los pueblos», subrayó.
Rafael Gándara, del PP, respaldó la moción, destacando el esfuerzo del Gobierno por mejorar la conectividad y la inversión en la Agenda Digital de Cantabria 2024-2028, que contempla más de 400 millones de euros para impulsar la transformación digital en la región. Desde el PRC, Javier López Marcano también apoyó el fondo de la moción, aunque advirtió que algunos plazos pueden ser difíciles de cumplir debido al «descanso parlamentario».
Eva Salmón, diputada del PSOE, coincidió en que la iniciativa de Vox es acertada y amplía las medidas contempladas en la Agenda Digital, particularmente en términos de ejecución y calendario, aunque hizo hincapié en que es necesario dar seguimiento y garantizar la efectividad de los proyectos a largo plazo.
