El Partido Popular de Cantabria ha expresado su respaldo a las reivindicaciones del colectivo veterinario y ha solicitado al Gobierno central que revise “de forma urgente” el Real Decreto 666/2023, que regula la prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios.
Según han señalado desde el grupo popular, esta normativa impone una carga administrativa excesiva que complica el trabajo diario de los veterinarios y puede llegar a afectar negativamente tanto al cuidado de los animales como a la atención a sus propietarios.
La diputada regional y portavoz de Ganadería del PP en el Parlamento de Cantabria, Belén Ceballos, participó el pasado domingo en una concentración celebrada en Santander junto a profesionales del sector, propietarios de mascotas y ciudadanos, en protesta por esta regulación que, a su juicio, “dificulta una tenencia responsable e introduce barreras innecesarias”.
Ceballos ha criticado que el Real Decreto fue aprobado “sin diálogo con el sector” y ha lamentado que conlleve una burocracia desproporcionada, “despreciando la experiencia de los veterinarios y restringiendo su capacidad para prescribir antibióticos de forma eficaz y segura”.
Asimismo, ha denunciado que la normativa contempla sanciones económicas “desproporcionadas” por errores administrativos, lo que podría comprometer la sostenibilidad de muchas clínicas veterinarias.
En opinión de la portavoz popular, el texto “interviene sin justificación” en el criterio clínico de los profesionales, al poner en duda sus valoraciones y decisiones basadas en exploraciones y pruebas diagnósticas.
Por ello, Ceballos ha hecho un llamamiento al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que “abra un espacio de diálogo real con el sector veterinario y trabaje en una regulación más sensata”, que no incremente los costes ni limite el acceso a la atención veterinaria.
“El objetivo debe ser asegurar el uso adecuado de los medicamentos sin perjudicar la calidad de los tratamientos ni restringir el acceso a la sanidad animal”, ha afirmado.
Finalmente, ha recordado que tanto el Grupo Popular en el Congreso como en el Senado han mostrado su apoyo a estas demandas y han solicitado formalmente la revisión del decreto.
