La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria ha dado este jueves el primer paso hacia la aprobación de una nueva Ley de Función Pública, con la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del proceso de consulta pública previa, que estará abierto hasta el próximo 6 de mayo.
La consejera del área, Isabel Urrutia, ha subrayado que el objetivo es tener la nueva norma lista este mismo año, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos al inicio de la legislatura. La futura ley pretende dar respuesta a lo que ha calificado como una “necesidad imperiosa” dentro de la administración autonómica: actualizar y mejorar la gestión de su capital humano para ofrecer más seguridad jurídica, una administración más moderna y servicios públicos de mayor calidad.
Una norma para el presente y el futuro
La nueva Ley de Función Pública abordará aspectos clave como los procesos de selección de personal, la provisión de puestos de trabajo, el régimen retributivo y la carrera profesional, entre otros. Urrutia ha recordado que la normativa actual data de 1993 y ha sufrido múltiples reformas parciales que no han logrado consolidar un marco legal actualizado y coherente.
“La ley vigente ha quedado obsoleta y no responde a las necesidades actuales de la administración ni a las demandas ciudadanas. Necesitamos un texto legal que mire al futuro y sea reflejo de una sociedad cambiante”, ha afirmado la consejera.
En este sentido, la nueva norma permitirá adaptar el marco autonómico al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de 2007 y otras normativas de reciente aprobación, cumpliendo así con lo previsto en el artículo 6 del texto refundido del EBEP, que insta a las comunidades autónomas a desarrollar su propia legislación en la materia.
Proceso participativo y colaboración académica
Para garantizar que el nuevo texto recoja las necesidades reales de la administración y las expectativas de la ciudadanía, el Gobierno de Cantabria ha abierto un proceso de consulta pública previa, en el que personas y entidades interesadas podrán remitir sus aportaciones por escrito a través de los registros públicos o mediante el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria.
La consulta se estructura en torno a cuatro ejes: los objetivos de la ley, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los problemas que busca resolver y las posibles soluciones.
Urrutia ha animado a participar en este proceso: “Se trata de una oportunidad real para construir entre todos una norma sólida, útil y consensuada, que contribuya a una mejor gestión de los recursos humanos públicos y al fortalecimiento de los servicios públicos”.
Para redactar el primer borrador de la futura ley, el Gobierno cántabro contará con el asesoramiento técnico de un grupo de expertos de la Universidad de Cantabria, coordinado por el catedrático de Derecho Administrativo Javier Barcelona.
Modernización y calidad en los servicios públicos
La consejera ha insistido en que este nuevo marco legal tiene como fin último garantizar una función pública profesional, eficiente y transparente, acorde a los retos actuales de la administración y a las exigencias de los ciudadanos.
“El capital humano es el principal activo de la administración. Esta ley servirá para gestionar mejor ese talento y, en consecuencia, ofrecer servicios más eficaces y cercanos”, ha concluido Isabel Urrutia.
