El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha solicitado a WhatsApp y Google que entreguen toda la información disponible sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para intentar recuperar los datos de sus móviles que fueron borrados, así como los correspondientes a su cuenta de correo electrónico. Esta diligencia se produce a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el contexto de la investigación que el propio Hurtado dirige por la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra García Ortiz por presunta revelación de secretos.
El instructor explicó que toma esta medida tras considerar razonable y coherente la solicitud de la UCO para recuperar los mensajes de las aplicaciones de mensajería vinculadas a los dispositivos del fiscal general. La petición llega tras el hallazgo de «cero mensajes» en los teléfonos de García Ortiz incautados en un registro de su despacho.
En su auto, Hurtado ordenó a WhatsApp LLC recuperar los mensajes enviados y recibidos por los usuarios, las copias de seguridad de los chats, así como el log de las comunicaciones realizadas, incluyendo detalles como emisor, receptor, fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación. Además, solicitó a Google Inc. los datos almacenados en los servicios vinculados a la cuenta del fiscal, así como copias de seguridad de dispositivos, aplicaciones de terceros y chats multimedia asociados.
Asimismo, el magistrado ha autorizado un análisis exhaustivo de un teléfono móvil de García Ortiz, con el fin de acceder a las aplicaciones de mensajería y recuperar la información de los días clave de la investigación, concretamente entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. En caso de que se obtenga acceso a los mensajes de estas aplicaciones, se procederá con un análisis detallado de esa información.
Finalmente, Hurtado ha autorizado a la UCO a conectarse a las bases de datos que puedan contener archivos relevantes para la causa, con el objetivo de proceder a su descarga y análisis. Este procedimiento es parte de una investigación que podría implicar el primer fiscal general del Estado investigado en democracia.
