La Fiscalía de Cantabria ha iniciado investigaciones sobre los más de 1.700 fallecidos que estaban registrados en las listas de espera sanitarias de la región. La confirmación llega una semana después de que saliera a la luz el asunto y de que la asociación el Defensor del Paciente solicitara una investigación exhaustiva al respecto.
El consejero de Salud, César Pascual (PP), reveló la semana pasada que más de 1.700 fallecidos estaban incluidos en las listas de espera sanitaria de la comunidad autónoma, herencia del anterior Gobierno (PRC-PSOE). Además, mencionó que otros 7.000 pacientes estaban «pendientes de cita, sin motivo aparente». Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, expresó la sospecha de que algunos de estos pacientes podrían estar duplicados.
Pascual proporcionó estos datos durante la presentación del plan de reducción de listas de espera sanitaria a los grupos parlamentarios, un plan que el Ejecutivo autonómico planea financiar con hasta 65 millones de euros en tres años. El consejero consideró que estas cifras revelan la mala gestión del bipartito en este ámbito, señalando que algunas listas de espera estaban infladas.
Para el Defensor del Paciente, la muerte de «más de 1.700 personas» en Cantabria mientras esperaban atención médica es un hecho de extrema gravedad y podría constituir un delito de dejación de funciones. La asociación califica de imperdonables tantas muertes de personas que podrían haber salvado sus vidas si hubieran recibido la atención necesaria. En su opinión, estas personas pagaron por recibir una atención digna y lamentablemente fallecieron en el intento.
