El Partido Popular ha comunicado hoy en Carasa, durante la Asamblea de Voto, la presentación de diversas propuestas legislativas en apoyo de los derechos de los afectados por las modificaciones introducidas en la Ley de Costas. Estas modificaciones implican la reducción del período de renovación de las concesiones a los propietarios de terrenos de dominio marítimo-terrestre de 75 a 5 años, en comparación con el régimen anterior.
En el ámbito parlamentario, se ha anunciado la solicitud en el Parlamento de Cantabria de la comparecencia del jefe de la Demarcación de Costas, los portavoces de los grupos afectados y un representante del Gobierno de Cantabria. Estas comparecencias se planean llevar a cabo en febrero y marzo, con el propósito de obtener información detallada sobre el estado de los procedimientos de prórroga de las concesiones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre. Se busca conocer el número de procedimientos resueltos y pendientes, los motivos detrás de los plazos establecidos y el impacto en la actividad económica desarrollada en esas áreas.
Adicionalmente, se ha informado sobre el registro en el Senado de preguntas escritas y orales para indagar sobre las razones que llevan al Gobierno de España a admitir únicamente prórrogas de concesiones por períodos de cinco años, obligando a los afectados a recurrir nuevamente a los tribunales, a pesar de haber obtenido previamente el derecho a dichas prórrogas.
El diputado del Partido Popular y senador autonómico, Íñigo Fernández, junto con el senador Juan Carlos García, expresaron su respaldo a los afectados. Criticaron la interpretación de la Ley de Costas realizada por la ministra Teresa Ribera, señalando que vacía de contenido la reforma aprobada en 2013 para permitir la prórroga de las concesiones en el dominio marítimo-terrestre. Destacaron la situación difícil que enfrentan los afectados, quienes se ven obligados a recurrir a los tribunales para reclamar sus derechos.
Los parlamentarios del PP manifestaron su compromiso en la defensa de los derechos de los afectados en todas las instancias frente a las acciones de la ministra Ribera, señalando que la paralización de los procesos de renovación de las concesiones de Costas está generando incertidumbre y perjuicio económico en la región. En particular, señalaron que desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, las prórrogas de las concesiones se han detenido, causando daño a pequeños negocios en los estuarios de Cantabria, como explotaciones ganaderas, talleres, conserveras y negocios turísticos.
En conclusión, los representantes del Partido Popular enfatizaron la importancia de reconsiderar la interpretación restrictiva de la Ley de Costas y abogaron por volver a la reforma de 2013 para resolver la problemática actual.
